Desde la lógica binaria, algunos temas parecen prohibidos en la agenda de los argentinos. Aún en medio de un desastre macroecocómico, con niveles de pobreza cercanos al récord, algunos actores de la política santafesina y argentina siguen mirando algunas situaciones que se agravan y corroen al futuro, como si no ocurrieran.

Durante las últimas dos décadas, por fijar nuestra última gran oportunidad agroexportadora y de crecimiento, buena parte de los argentinos ignoramos los asuntos de la caja y creimos, a diferencia del resto de latinoamerica, que los problemas se solucionaban solos y con el paso del tiempo. Nadie tomó medidas y nadie quiso pagar el costo de tomarlas.

La falsa idea de que las soluciones pasan sólo por «distribuir» en lugar de producir y bajo el viejo cuento de que somos una nación infinitamente rica, mientras nos ibamos empobreciendo estructuralmente, consolidó otra falsa idea: que los contextos del mundo nos devolverian oportunidades, como en el siglo XX. Y eso, se terminó.

El mundo es otro, la pobreza se vuelve estructural y violenta, las nuevas tecnologias amplian las brechas de desigualdades sociales y las oportunidades perdidas, se vuelven décadas a recuperar.

En estos dias aparecieron cuatro ejemplos en Santa Fe, que dan lugar a debates.

Hay cada día más «trapitos» en la calle. Es una obviedad que son la consecuencia del empobrecimiento de un sector social. Es un lugar común, decir que son jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades que los sectores medios y altos.

El intendente de Santa Fe propone una salida: Un sistema de estacionamiento medido que los incluya en la zona de bares nocturnos . La mayoría de las respuestas son negativas. O porque se niegan a expandir las zonas de pago de estacionamiento, o porque desconfian de los muchachos que van a ser «empleados», o directamente por prejuicios familiares al racismo.

¿ Queremos o no incluir a estas personas?¿ Qué estamos dispuestos a sacrificar como ciudadanos para que ellos tengan una oportunidad de cumplir pacificamente con las obligaciones?

En principio todos somos emisores de quejas por las personas en situación de calle que nos interrupen la tranquilidad de los semáforos en rojo, mientras cambiamos las canciones del Spotify o leemos los mensajes de Whatshapp.

Nadie propone salidas alternativas al problema concreto. Preferimos caer en la tentación justificatoria de que «es un problema de fondo, que se soluciona con educación». Ok. ¿ Y cuando? ¿ Que hacemos mientras tanto se va llenando la calle de gente desesperada buscando un peso para poder comer?

La solución que propone Poletti probablemente no sea la ideal, ni mucho menos. ¿ Pero a alguien se le cae una idea? ¿ O seguimos postergando el problema, mientras crece?

Si lo dejamos crecer, lo que vamos a cosechar es mayor caos, mayor violencia y ley de la selva.

¿ Que hacemos?

El gobierno provincial anuncia un «Plan de Asistencia Perfecta» para los docentes de Escuelas Públicas. Lo hace sobre una estadística muy grave de ausentismo creciente de los docentes, especialmente en la última década.

El año pasado, el 55% de los docentes de escuelas públicas, faltaron entre 2 y 30 dias a sus clases. Entre las justificaciones sentadas en los libros, sobresalen malestares aislados, obligaciones de cuidados de padres, hijos, sobrinos y suegros.

El gobierno propone una cifra adicional, sobre el sueldo regular de los docentes. No habla de quitarle un centavo a nadie, ni propone congelar los salarios. Lo que dice es bastante sencillo: Los que no falten nunca, o los que falten sólo una vez por mes, van a tener un estímulo económico. Y si lo hacen durante tres meses consecutivos, otro estímulo más.

La reacción del sindicalismo, primero, y de algunos docentes, después, es de rechazo absoluto. El primer argumento que se cae es «el retorno a los 90», y una comparación bastante sencilla con la gestión de Carlos Reutemann, que le descontaba una parte del sueldo a los docentes que faltaban un día.

¿ Es lo mismo? La solución no es la ideal, está claro. El programa tiene agujeros grandes, pero subsanables con el tiempo y la aplicación.

¿ Si no es esto, qué es? La respuesta parece obvia: «que se lo paguen a todos». ¿ Que propone la dirigencia gremial para subsanar, pronto y progresivamente el problema? Nada. Lo que propone, es una vez más…»esperar a solucionar las cuestiones de fondo, las condiciones socioambientales de las escuelas, las dificultades que afrontan los docentes cada día».

Parece imposible distinguir un tema de otro. No hay predisposición a discutir el tema ausentismo. Siempre, antes que eso, habrá excusas para no abordarlo.

Entonces no hay solución posible. Una vez más, lo que se propone, es patear el conflicto hacia adelante. ¿ Hasta cuando? Hasta que el 30% de los docentes que nunca faltan, se cansen de cumplir y ver como sus compañeros no cumplen, y extender el ausentismo al 100% de los docentes?

La crisis de la educación se puede abordar desde distintos lugares. Pero cada lugar requiere políticas concretas. No alcanza con las manifestaciones de deseos. Hay que actuar. Y algunos, muy cómodos con sus lugares y sus cajas, parecen decididos a no mover un centimetro del status quo.

Tienen argumentos fáciles. Ninguna responsabilidad sobre las soluciones a los problemas.

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe opera con un déficit extraordinario. El gobierno de Milei le quita a la provincia y a todas las que en su momento decidieron no transferirla a la Nación, los montos que la compensen.

El Estado provincial se hace cargo del déficit, pero desde el gobierno advierten que es otro problema que amenaza con estallar. Lo que hoy se pone como dinero agregado para pagar en tiempo y forma las jubilaciones provinciales, es lo mismo que el Estado gasta en obra pública en un año.

El sistema jubilatorio es deficitario en todo el mundo. Santa Fe no es la excepción a esa regla. La extensión de la vida humana produce una mayor duración del status de jubilado (“esperanza de vida a la edad de retiro”, según la denominación técnica). En nuestro país, esa magnitud se extendió a casi 24 años para las mujeres y 17 años para los varones, pero seguiría creciendo para estabilizarse hasta alcanzar 30 y 24 dentro de medio siglo.

¿ Cómo haran los Estados para sostener ese costo con una modificación tan impactante de las variables de sustentabilidad de activos y pasivos?

No se trata de pararse frente al problema y decir que «todos merecemos una jubilación justa». Esa frase es tan cierta como que el sistema no lo soportará. Y lo que se pone en riesgo es el sistema, si no nos ponemos a discutir en serio una reforma que perdure y se adapte a los tiempos de la propia humanidad.

¿ Que vamos a hacer con eso? ¿ Quien se pone a trabajar YA en una solución que nos evite el colapso? Los únicos que proponen alternativas son los que miran con entusiasmo un gran negocio privatizador de los fondos de retiro. Y ya sabemos que eso es un negocio, una timba, y no asegura nada. Ni a los jubilados actuales, ni a los trabajadores que sueñan con jubilarse en el futuro.

Otro tema que vamos dejando pasar, sin asumir que es urgente sentarse a discutir soluciones. Y en esas soluciones, claro, hay que establecer mejoras en los aportes o modificaciones en las edades para jubilarse. ¿ Quien se anima a salir de la corrección política y empieza a proponer soluciones factibles? No delirios imposibles de concretar con la actual correlación de fuerzas y este estado de quebranto.

El responsable de la EPE, Hugo Marcucci, presentó una auditoria que desnuda lo que muchos sospechamos. La empresa se volvió a convertir en una caja política durante los años de Perotti. Volvió a demorar aumentos, acumuló atraso tarifario, permitió el robo descarado de la energia por parte de sectores que pueden pagarla y se convirtió en una empresa endeudada, que presta peores servicios de los que prestaba hace cuatro años atrás.

Sólo a marzo de 2024, la EPE arrastra un déficit de 30 mil millones de pesos. ¿Quien lo va a pagar? Una de dos: o el Estado con las rentas generales, o nosotros los usuarios.

¿Será mucho pedir que la política se salga de ese «acuerdo de convivencia e impunidad» y empiece a llevar a los tribunales las acciones de mala praxis o delitos en la función pública?

La impunidad de los funcionarios que se van, es la garantia de que las acciones se vuelvan a repetir. ¿ Por qué una provincia superavitaria, como fue Santa Fe entre 2019 y 2022, volvió deficitaria a una empresa que estaba saneada y en vias de expansión?

Está bien que se conozcan los números, pero algun fiscal deberia salir de la comodidad de las denuncias que le llegan e intervenir de oficio en un asunto que nos compete a todos.

¿ La salida será seguir pagando aumentos o podemos ir a buscar lo que se perdió en algún lado? Lo pregunto, no lo puedo responder. Pero sería bueno que alguna vez los que rompieron al Estado estén obligados a pagar los costos. Que no son sólo electorales. Sino penales y económicos.

Sobre los cuatro años que pasaron, hay mucho que investigar.

Romper con la lógica de la impunidad del funcionario público, también es una manera de devolverle confianza a la gente sobre la administración de los recursos públicos.

En fin. Se pueden agregar diez ejemplos más a esa debilidad nacional que es barrer todo y meterlo debajo de una alfombra que la crisis ha llenado de polillas.

En estos cuatro ejemplos, se notan las costuras y el déficit de un sistema dirigencial que ha sido mandado a la guillotina por un importante sector de la sociedad.

Ya no hay tiempo para postergar soluciones. Hay que modificar algunas cosas, aunque en esas modificaciones se corten algunos hilos de justicia y se rompan algunos «principios sagrados» que creimos que solucionaban todo y que nunca terminaron de solucionar nada.