La propuesta de reforma previsional que envió el gobierno provincial a la Cámara de Senadores dejó en evidencia, en las primeras 24 horas, quienes serán los principales afectados por los cambios, y quienes encabezarán todas las maniobras para evitar, sin ninguna posibilidad, que «la caja» deje de ser un festival de déficits, trampas y corra el riesgo de explotar en menos de una década.

La reforma es necesaria. Nadie, en su sano juicio y con buena fe, puede discutir que el sostenimiento de un déficit estructural de 460 mil millones anuales, nos lleva al peor destino: el quiebre del sistema y la voladura por los aires de las jubilaciones de los trabajadores que se quieran jubilar de acá a una década.

Durante más de dos meses, todos tuvieron la oportunidad de opinar y proponer soluciones alternativas a las que ofrece el proyecto. Sin embargo, no lo hicieron. A nadie, enfrente, se le cayó una idea que proponga un salvataje alternativo al que propone el Poder Ejecutivo. Sólo dentro de la propia coalición de gobierno, se produjeron discusiones y matices que terminaron en el proyecto.

¿ A quienes afecta la reforma? A todos. NADIE queda a salvo de las incomodidades que significa proyectar un saneamiento de los números. Es obvio, que la propuesta aumenta los porcentajes de aportes de los trabajadores: Pero lo hace de manera progresiva. Un punto para quienes menos cobran, dos, tres y hasta seis, escalonadamente hasta llegar a quienes cobran millones y millones. El ajuste es ajuste, pero no es como todos los ajustes: acá los que cobran más van a poner más, y no por mero traslado del mismo procentaje como hasta ahora, sino por aplicación de mayores porcentajes.

No se modificaron las edades, ni se eliminó el 82% movil, a pesar de los anuncios catastróficos de algunos ( no todos) los burócratas sindicales.

Se privilegiaron a los docentes y policias que cumplen tareas en las aulas y las calles, por encima de quienes hacen sus tareas en despachos.

A los 60 años, si, a los 60 años, tienen asegurados los porcentajes actuales. Y si quieren, a los 57 años, se pueden jubilar. Una edad temprana, muy temprana.

Se eliminan todos los vericuetos que permiten acceder a la jubilación antes de cumplir los años que estipula la ley, como la duplicación de años en edad y en aportes, que se compraban en la Anses.

Además «la política», hace lo suyo: los obliga a aportar un salario completo, y además, un 2,77% de sus otros salarios durante al menos dos años, como aporte. Ahi entran todos: gobernador, vice, ministros, legisladores, jueces, fiscales y demás funcionarios políticos.

Pero la medida mas dolorosa, sin nunguna duda, es para quienes hoy, se van de sus trabajos en el Estado, con jubilaciones multimillonarias: hay jueces que se garantizan jubilaciones que representan entre 30 y 32 jubilaciones mínimas, lo que ronda los 12 millones de pesos. Para eso se establece un tope de 20 jubilaciones mínimas, y además, se les bloquea todo el trámite a aquellos que iniciaron los tramites pero los tienen «freezados» para evitar caer en la nueva legislación.

Y entonces, el enojo. Los Alonso, los Alesso, los Testonis, los Bayugares, los Gutierrez, los Traferris, ayudados por algunas voces «progres», como las de Carlos Del Frade- siempre al servicio de las peores causas de los últimos años- salieron a enfrentar la reforma: una tribuna variopinta – por ahora imaginaria- que une a quienes se espantan con la idea de que algunas cosas cambien para siempre en Santa Fe.

En las últimas horas, las principales reacciones vinieron de las representaciones gremiales docentes, que parecen no entender que hay que salvar a la Caja, y siguen respondiendo con consignas que no se adaptan ni a la realidad de la economía, ni a los números de la Caja ni mucho menos a las posibilidades del Estado santafesino, y de los Magistrados provinciales: los hombres y las mujeres que se jubilan sin tope, gracias al enganche que tienen con los sueldos y jubilaciones nacionales, y que se garantizan ingresos de palacios reales, mientras las jubilaciones de los propios profesionales del derecho, se hunden a niveles de pobreza.

Nadie quiere mirar alrededor: ni se miran a las mayorias de los jubilados santafesinos que cobran de Anses, ni se remiten a las realidades de las cajas de profesionales. Todos reciben jubilaciones miserables, todos, incluso con aportes que superan las cuatro décadas. Sin embargo ellos, miran sus ombligos mientras miden con sus palos de golf la distancia con la pelotita que busca el proximo hoyo.

Nadie discutirá que la reforma es un ajuste. Pero es progresivo, es justo y permite proyectar una reducción del 25 % del déficit en el primer año, un aplanamiento del mismo durante los primeros 5 años, en los que con seguridad, ese porcentaje llegará al 50%. Si no se modifican las reglas, en 10 años la Caja no tendría deficit y nadie temerá por sus jubilaciones.

Algunos parecen olvidar que el sistema jubilatorio es solidario y que esa solidaridad debe estar principalmente enmarcada entre los beneficiarios. La eliminacion de los casamientos por conveniencia con personas que heredan las pensiones, y todas las maniobras de espiritu fraudulento que aspiran a sostener ingresos por afuera de las vidas de trabajadore y jubilados, son abusos legitimados que deben terminarse.

El 80 % del pueblo santafesino, entre ellos los jubilados nacionales y profesionales, los comerciantes y todos los que producimos y pagamos nuestros impuestos, estamos subsidiando las jubilaciones públicas.

Se entiende que sostengamos el sistema de educación, salud, seguridad, justicia y administración del Estado. Pero tenemos derecho a que el sistema ajuste sus números, y procure la menor pérdida posible: nosotros, tambien pagamos nuestros aportes, y recibimos y recibiremos, casi todos, peores jubilaciones de las que reciben hoy los jubilados provinciales.

Se entiende, nadie lo discute, que se debe profundizar el reclamo por los recursos nacionales que antes no pagaban ni Cristina, ni Macri, ni Alberto, y que ahora directamente dice que no van a pagar, Milei. Para eso están los reclamos judiciales en marcha, que trascienden a los gobiernos, y que se terminan cobrando diez o quince años después de iniciados. Los que le piden al gobernador «mayor dureza» con el presidente, parecen olvidarse de sus relaciones casi carnales con el impávido Omar Perotti, que ni siquiera se le animaba al amante de Olivos.

Y se entiende que no es simpático perder privilegios.

Los burócratas sindicales y los magistrados deberian dar el ejemplo, y no promover operaciones en otros asuntos del Estado- ayer el Presidente de la Corte, no solo promovió una reunión urgente en protesta por la Reforma, sino que llamó a senadores opositores y oficialistas, para obstruir la detención de las designaciones de los jueces de Cámara, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Lejos, muy lejos de buscar soluciones, algunos, especialmente aquellos que han disfrutado de los recursos públicos de manera casi discrecional en Fondos especiales, descuentos a los salarios de todos los trabajadores, Cajas de Seguro y jubilaciones millonarias, parecen no poder ocultar la hilacha del momento.