Lucia Masneri, Secretaria de Asuntos Penales del gobierno de Santa Fe no dió vueltas cuando se le preguntó por el nombre que llevará la nueva cárcel para presos de alto perfil en Piñero: «Le decimos el infierno», y agregó: «Si, el infierno. Porque queremos dejar muy claro hasta donde llegó el Estado y hasta dónde llegó la sociedad, que quiere vivir en paz y que estas personas no vuelvan a aterrorizarlos desde la cárcel».

Una frase que define una posición del gobierno de Pullaro, respecto a los criminales narcos que regaron de sangre a Rosario y a Santa Fe. En la provincia parece haberse terminado una etapa, que rompe con el histórico relato carcelario que suelen enarbolar algunas organizaciones de DDHH, y que ha dominado a la acción política desde el retorno de la democracia.

¿ Está bien que una funcionaria defina como «infierno» a la nueva cárcel? La definición parece, en principio, políticamente incorrecta. Pero responde a una demanda de época: ¿ Que se hace con los presos con condenas firmes y acumuladas, que han demostrado voluntad de seguir delinquiendo desde las instalaciones carcelarias? Los ejemplos más claros son los lideres y las segundas líneas de bandas narcos.

¿Debe la política carcelaria ofrecer condiciones para la «reinserción» de personas que tienen 50 o 100 años de condenas? Es una discusión que no ofrece soluciones sencillas, porque se trata de seres humanos, claro. Pero ¿ Que otra cosa que eso es un régimen de aislamiento absoluto y de por vida? ¿ Y cuales son, además de comer y dormir dignamente, los derechos que le quedan en pie a personas que fueron condenadas por la comisión de decenas de delitos dolosos, muchos de los cuales fueron ordenados desde las cárceles?

Masneri dice eso, justo a un año del marzo sangriento en Rosario, que derivó en una fuerte intervención de los pabellones carcelarios de la provincia, y un aislamiento casi total de los miembros de las principales bandas narcos que operaban y operan en Rosario y hay un dato incontrastable: desde aquella secuela sangrienta en la que fueron asesinados un chofer de colectivo, un taxista y un empleado de una Estación de Servicios, desde la provincia – y en permanente colaboración con la Ministra Patricia Bullrich- ordenó un cambio profundo en las condiciones de detención de los lideres delictivos, y los crímenes disminuyeron de manera drástica.

Ese dato de la realidad contrasta con lo que venía ocurriendo en la provincia, agudizado por la inacción de la gestión anterior frente a la acción narco desde los penales; Acostumbrados al «Home Ofice» que habían autorizado durante la gestión de Omar Perotti y su intocable Jefe del Servicio Penitenciario, Walter Galvez, el 78% de los crímenes que se cometieron en la ciudad de Rosario entre 2020 y 2023, fueron organizados y ordenados desde la prisión. Lo dicen los fiscales, no el gobierno.

¿ Es el fin del «Garantismo? Es el propio gobernador aseguró hace pocos días que «Tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar y los delincuentes tienen que estar presos. Los vecinos y vecinas tienen que estar en libertad y disfrutar la vida en sociedad», y agregó que ( si algunos políticos)» supieran lo que se ha vivido en Rosario, en Santa Fe, les puedo asegurar que esa perspectiva cambiaría», sostuvo y cerró: «Tenemos que trabajar juntos para combatir la delincuencia y les tenemos que marcar el terreno todo el tiempo».

La decisión de construir un penal moderno y de extrema seguridad en Piñero, persigue la profundización de ese objetivo, y Masneri, lo dice con claridad: « Nosotros no estamos dispuestos a devolverle la comodidad a los presos de alto perfil. Los reclamos que se dieron en estos días, no corresponden. Las medidas que tomamos son complejas, pero lo que ocurre dentro de las cárceles nos afecta a todos los santafesinos. Nuestra prioridad es la sociedad, no las comodidades de los delincuentes que mataron a centenares de rosarinos»

El endurecimiento del discurso de los funcionarios de Pullaro, se da justo en ocasión del debate nacional sobre los crimenes y las politicas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. La disputa, claramente política entre Milei y Kicillof, encuentra al gobernador santafesino en un lugar de «ejemplo a seguir» y en medio de una campaña electoral, que lo impulsa como primer candidato a convencional constituyente para las elecciones del 13 de abril proximo.

El gobernador, y todos sus funcionarios del área de seguridad, están convencidos de que no se podrán sostener los niveles de baja en los crímenes, si no se endurece aún más la política carcelaria. Y eso genera reacciones escandalosas, especialmente en los sectores «progresistas» del mapa político provincial, que se espantan.

A esas criticas, la propia Masneri responde : «No se puede seguir observando el fenómeno de la criminalidad con libros de los años 90, con investigaciones realizadas en los 80 y sobre criminales de los años 70. Los que creen que las soluciones pueden encontrarse allí, se equivocan. Entonces las bandas criminales, como Los Monos, Los Alvarado, etc, no existían. Hoy tienen un nivel de complejidad, de creatividad y de violencia que no admiten esas respuestas»

Las declaraciones de la Secretaria de Asuntos Penales no deja lugar a dudas, y provoca una discusión muy postergada por la sociedad y especialmente por la dirigencia política: ¿ Cual es el modelo a seguir en el combate contra el delito organizado?

Los hechos empiezan a demostrar que más allá de las soluciones sociales profundas que significa la integración y la inclusión de los pibes que hoy eligen el delito por encima de cualquiera de las opciones de vida que les ofrece (o no) el Estado, no hay otras soluciones a mano que no sea la persecusión y la reclusión de los principales referentes del delito narco.

Está claro que sumar cárceles y niveles de castigos no ofrece soluciones finales a ningún problema. Pero ese es el debate de fondo y no se resuelve con consignas, ni con buenas intenciones.

Hacen falta planes, políticas serias y decisiones duras.

No sé si se trata de crear «infiernos», pero la sociedad tiene suficientes razones para exigir que quienes cometen delitos extremos, no sigan delinquiendo desde adentro. Y eso es lo que pasó y sigue pasando en Santa Fe, cuando los delincuentes sacan ventajas de sus cómodas condiciones de detención