Tras unos días de manifestaciones públicas de un sector de la Policía de Santa Fe-más simbólicas que efectivas- desde el gobierno provincial anunciaron una batería de medidas para atender las peticiones. Nadie discute la legitimidad de algunos reclamos, pero se notó el interés de algunos sectores políticos que intentaron aprovechar los descontentos para convertirlos en un conflicto mayor.

La policía de Santa Fe tiene motivos para reclamar. A eso no lo niega ni el propio ministro Pablo Cococcioni. De hecho, la rápida respuesta a algunos de los reclamos, implica un reconocimiento explícito de la demora en algunas soluciones y pone foco sobre asuntos muy delicados, como la atención a la salud mental de los efectivos policiales.

Los reclamos no son disparatados, ni las soluciones son rápidas: Desde hace mucho tiempo, un gran sector de los agentes policiales santafesinos vienen afectados, además de la obvia cuestión salarial, por carencias en el alojamiento, transporte y gastos de manutención durante la prestación de los servicios.

Y a eso, se le agrega un dato de la realidad que no puede dejar de atenderse con urgencia: los altos niveles de depresión y deterioro en la salud mental de un sector público, que además de tener una exposición física permanente, tiene la responsabilidad de portar armas.

Lo de Santa Fe no es una excepción: en todas las provincias argentinas hay malestar del personal policial. Lo que hay que remarcar, si, es que en los últimos dos años, con aciertos y errores, los niveles de seguridad pública han mejorado de manera notoria tanto en Rosario como en la Capital provincial. Y que en esa mejora, ha sido fundamental el aporte y el compromiso de los integrantes de la fuerza.

Santa Fe venía de un abandono político sobre la seguridad pública, que se había decorado con acciones delictivas de ministros- como las dos causas penales que se le siguen a Marcelo Saín- y por una ausencia de controles que se evidenciaban en la falta de vehículos y en una desinversión total.

Las cárceles santafesinas, administradas por Walter Galvez, se habian convertido en espacios liberados para la organización y la ejecución de la mayoría de los crímenes del delito organizado. Los fiscales informaron que al menos el 76% de los homicidios acaecidos durante 2022 en Rosario, se pergeñaban desde los penales. Con comodidades absolutas, como acceso a telefonía, visitas sin control y en algunos casos, servicios de internet en las celdas.

Todo eso cambió. Es posible que subsistan privilegios en algunos penales, pero queda claro que en la reducción de los homicidios, hay un factor preponderante: ya no es sencillo usar la prisión como oficina.

Lo salarial es indiscutible. Tanto los policías, como los docentes, los médicos, los enfermeros y todos los empleados públicos, vienen sufriendo una merma considerable en su poder adquisitivo. Ocurre en Santa Fe, y ocurre en el resto del país. Es más: las situaciones más dramáticas se ven en el ámbito federal. Son los policías federales, los jubilados nacionales, los docentes nacionales y todos los agentes de la función pública nacional, los que reciben las peores retribuciones y los mayores atrasos en las actualizaciones.

Los adicionales anunciados, son un alivio aunque no una solución. Eso es claro. Y la dramática situación de la salud mental de muchos policías, también se arrastra desde hace años y cómo en el resto de la sociedad, se ha venido agravando. Los números de suicidios son un claro ejemplo de la gravedad del problema. Abordarlo es un paso adelante. En la gestión anterior, por recordar otro disparate, no sólo no hubo atención sobre el tema, sino que la amiga personal del ex gobernador, ordenó el retorno a la actividad y a la portación de armas, de varios oficiales que estaban de licencia por razones psíquicas.

Es razonable la respuesta del Ministerio y no deja de ser un primer paso hacia un alivio, que de ninguna manera implica una solución. Pero es un avance, y un reconocimiento de los problemas.

Estimular el conflicto, como se percibió en algunos ex funcionarios de Perotti a través de las redes sociales, y se amplifica desde sectores ideológicos que nunca pasan de la crítica lisa y llana, confluyó en estos dias con otro factor que hay que tener presente para no caer en confusiones:

Hay un sector de la policía muy molesto con algunas decisiones del Ministerio que implicaron cambios y eliminaciones de privilegios de personal jerarquizado que montaban negocios continuos: La detección de los kioscos con tarjetas oficiales con la carga del combustible y los repuestos de los vehículos, no sólo frenó la corrupción, sino que implicó la separación y el procesamiento de decenas de policías que participaban de esos asuntos.

La mayoría de los policías de Santa Fe, son trabajadores honestos y merecen mejores condiciones laborales. El problema es que detrás de esa justicia, se esconden los intereses de quienes han usado a la función pública como un negocio privado, y de algunos ex funcionarios que han probado su inutilidad ( en el mejor de los casos) para cumplir con las promesas de campaña.