Lo ideal, lo real y la mala leche

En el mundo ideal, un docente argentino debería cobrar 5 millones de pesos. En ese mismo mundo, un docente argentino debería tener formación universitaria, conocer al menos dos idiomas y contar con una formación continua que le permita, por ejemplo, estar por delante de las inquietudes y expectativas de sus alumnos.

En ese mundo ideal, los chicos deberían asistir a escuelas de doble escolaridad, cumplir con al menos 180 días de clases, formarse en dos idiomas, recibir capacitación para el mundo actual y tener un vínculo continuo con su docente.

En ese mundo ideal, los padres deberíamos ser socios de esos docentes y planificar de manera articulada lo que necesita cada niño.

En ese mismo mundo, un policía encargado de administrar las armas del Estado —presumiblemente de manera monopólica— debería cobrar mucho más, muchísimo más de lo que cobra. ¿Quién podría ponerlo en duda?

En ese mundo ideal, los policías que patrullan las calles, utilizan armas y toman decisiones, deberían tener una formación profesional de al menos cinco años. Deberían conocer el derecho penal y constitucional como un abogado y tener un estado físico pleno que les permita afrontar las peores circunstancias.

En ese mundo ideal, claro, ningún policía, docente, enfermero o médico podría trabajar bajo presión psicológica. Deberían ser separados de sus cargos si tienen problemas de salud mental. Y el Estado debería atenderlos procurando su recuperación y bienestar.

Pero no vivimos en el mundo ideal, lo sabemos. Ni mucho menos. Y en este mundo real, a veces muy injusto, los docentes cobran salarios bajos. Son, en general, personas agobiadas por sus circunstancias económicas, personales y familiares, que además no tienen en general una formación adaptada a las demandas de la época.

En este mundo real, gran parte de los chicos escolarizados asisten a las escuelas para comer o tomar la copa de leche. Viven en hogares que están condicionados por una situación económica dramática y no aprenden lo elemental. Esto se debe a dificultades estructurales o a deficiencias profundas del sistema. Y esas deficiencias, además de ser consecuencia de atrasos profundos en cuestiones curriculares y en asuntos de infraestructura, también son el resultado de una docencia desganada y, sí, duele decirlo, más preocupada por sus asuntos salariales y reglamentarios que por el ciclo de formación de los chicos.

En el mundo real, los policías, especialmente los egresados de los últimos años, salen de las escuelas de policía con promedios muy bajos y son víctimas de las urgencias de «meter gente en la calle», frente a una sociedad que, por diversos motivos —económicos, sí, pero esencialmente culturales— ha convertido a algunos espacios urbanos en junglas donde gobierna el más fuerte.

Y en ese mundo real, los médicos, los enfermeros, los asistentes sociales y los trabajadores que empujan el pesado mecanismo del Estado tampoco son bien remunerados.

Como no lo son el resto de los empleados privados. Todos están afectados por una política económica gestada por un gobierno que, paradójicamente, es sostenido por una mayoría popular indiscutida.

LO SALARIAL, ENTRE LO IDEAL Y LO REAL

En Santa Fe, hace diez días, un conflicto «gremial-policial» derivó en un aumento salarial que, con métodos bastante cuestionables, fue el «ejemplo» del país. Sí. La decisión del gobierno de la provincia de aumentar los salarios a los policías que cumplen 48 horas de servicio semanales a un mínimo de 1.350.000 pesos fue saludada como una verdadera reivindicación para los trabajadores policiales.

Es poco, claro. Pero antes algunos cobraban 800 mil pesos. Y en un país donde la inflación se come el poder adquisitivo de los trabajadores por lo menos en un 3 o 4 por ciento mensual, el aumento otorgado representa una recomposición. ¿Insuficiente? Claro. Eso no se discute. Hoy, todo es insuficiente.

Tras ese conflicto, apoyado por militantes del gobierno de Milei y por sectores de la oposición política progresista de Santa Fe —incluidos exfuncionarios de un gobierno que puso a la seguridad pública en su peor realidad— lo que vino fue un reclamo del resto de los trabajadores estatales santafesinos. Y sí, como era previsible, reclamaron condiciones similares a las concedidas a la policía.

Pues bien. Esta semana, para sorpresa de muchos, el gobierno de Santa Fe puso sobre la mesa una propuesta que se parece bastante a la otorgada a la policía.

Y, como en ese caso, se priorizó a los docentes del aula, a los enfermeros, a los directivos escolares y a todos los trabajadores que recibían salarios por debajo de la sospechosa línea de pobreza marcada por el INDEC.

Sí. Los empleados públicos más bajos van a recibir un aumento mínimo de bolsillo de 170 mil pesos en febrero. Y con un reconocimiento de la pérdida del 3 % de diciembre, más un acumulado de lo que se perdió en enero y febrero, todos llegarán a cobrar un mínimo del 12,5 % de bolsillo. Pero casi todos, especialmente los que menos cobran, en algunos casos duplican ese porcentaje desde febrero.

Los docentes, en particular, van a recibir por un cargo de 25 horas semanales (los que cobran solo un cargo, claro) una retribución mínima de 1.300.000 pesos. Si a eso se le agrega el debatido premio por presencialidad, llegará en febrero a 1.405.000 pesos. Es decir, más que un policía de calle que cumple 48 horas semanales.

Los enfermeros de los hospitales públicos, sector postergado si los hay, recibirán —dependiendo de si tienen o no título como tales— un mínimo del 23 % de aumento salarial en febrero. Los titulados parten de un 27 %. En el caso de estos últimos, que lo venían reclamando, hay una recomposición mínima de 400 mil pesos de bolsillo desde febrero.

El único personal que cobrará en febrero un 12,5 % es el de mayores categorías —con excepción de los directivos docentes, que recibieron un postergado reconocimiento — el resto, llegará de manera real a febrero con un 16 % de aumento sobre lo que recibían en diciembre.

¿Es lo ideal? No, claro que no. Nadie con un mínimo conocimiento de lo que ocurre en la economía diaria de la clase media podría afirmar que estos son «buenos sueldos». Porque todos sabemos que si algo ha provocado la economía en los últimos diez años es un deterioro del salario, especialmente en estos últimos dos años de ajuste mileísta.

Como se esperaba, los dos gremios centrales —ATE y UPCN— aceptaron la propuesta. Pero los docentes, no. Con un asombroso 99,5 % de rechazo. Un récord para las estadísticas. En las peores propuestas salariales, siempre hubo un 10 o un 20 % de docentes que aceptaban. En esta oportunidad, con esta propuesta… ¿todos rechazaron?

LA MALA LECHE: HABLAR DE LO IDEAL SIN CONTEMPLAR LO REAL

Los docentes santafesinos, y basta con hablar cinco minutos con cualquiera de ellos, están enojados con las políticas salariales de Pullaro. Está claro que no les gustó la implementación del premio por presencialidad, ni recibieron aumentos suculentos durante los primeros dos años.

Había un problema que los dirigentes sindicales docentes parecen eludir siempre, como si no fuera grave: cuando asumió esta gestión, el promedio de ausentismo docente en Santa Fe era del 25 %. Y los chicos, en los últimos quince años, nunca llegaron a cumplir con las horas mínimas de clases recomendadas por todos los organismos que controlan la calidad educativa.

La medida fue antipática, sin ninguna duda, y en algunos casos careció de sintonía fina (especialmente en lo referido a enfermedades graves), pero definitivamente era necesaria. La caída del ausentismo en dos años supera el 70 %. Y los chicos, que a veces olvidamos que son lo más importante del sistema educativo, cumplieron con los días que se recomiendan. Y las pruebas de calidad, las primeras después de la aplicación del premio, mejoraron sustentablemente en niveles de lectoescritura en los grados iniciales.

Pero este aumento, más allá de las rémoras de ese mal humor, no puede considerarse in limine rechazable. No se encuentra ninguna explicación razonable, ni al rechazo ni a la convocatoria a un paro que amenaza con no iniciar el ciclo lectivo.

Hay un tema de «rencor», claro. Pero el problema, claro, es que además reciben información errónea (y maliciosa) de sus dirigentes. No lo dice este escriba. Lo dice el propio dirigente de ATE, Marcelo Delfor, al afirmar sin titubeos: «Hay desinformación en la comunicación de la propuesta, en algunos casos malintencionada».

Los dirigentes de Amsafe y los minoritarios de SADOP no ocultan sus preferencias políticas partidarias. Fueron miembros y funcionarios de la gestión de Omar Perotti, cogobernaron el ministerio de Educación y enfrentan este año como el primero de un largo calendario de posicionamientos electorales.

Además, no terminan de digerir la pérdida de privilegios que implicó la caída del ausentismo: ellos cobran cuotas sindicales a quienes cumplen con horas cátedras. La caída de las suplencias permanentes les debilitó la caja. Y, como sabemos, la caja, en muchos sindicalistas, es lo más importante.

Subidos a un mal humor real, los muchachos de Amsafe y SADOP no pueden disimular sus segundas y terceras intenciones. Esperaban un escenario más «limpio» para desplegar sus reclamos basados en los planteos del mundo ideal. Pero la realidad, que es tan cruel, les espetó una sorpresa: los docentes van a recibir aumentos muy cercanos a los que pidieron a la salida de la primera reunión paritaria. Y no se limitaron a decir: «es insuficiente, pero vamos a seguir peleando por lo que falta». No. Como si hubieran recibido una propuesta miserable, arrancan con un paro.

Pidieron un 30 %. Les ofrecen, en términos reales, y especialmente a los docentes iniciales, un 30 %: de 1 millón en diciembre a 1.300.000 en febrero. Y dicen que NO. Y paran. ¿Por qué?

La razón es obvia: convertidos en «gordos» desde el advenimiento del kirchnerismo que los cobijó, acostumbrados a manejar millones que se pueden visibilizar en las cuentas (algunas en dólares) que mantiene el sindicato (y que no publica para que los afiliados no sepan demasiado) y subidos a sus expectativas electorales del 2027, saben que lo que les conviene es el conflicto. Con eso, creen, que acumulan.

Pero no terminan de ver que el resto de la sociedad se debate en la supervivencia salarial, recibiendo propuestas de recomposición del 5, del 6 o del 10 % como máximo en la actividad privada. Sufren los mismos problemas que ellos, las mismas carencias, las mismas afectaciones de angustia que, obviamente, afectan la salud mental de todos.

Dejaron de ser dirigentes para convertirse en administradores de negocios gremiales. Y aspiran a romper lo que les obstaculiza el crecimiento de esos emprendimientos, sustentados sobre un pedazo del propio salario docente.

El objetivo, la mala leche, y comparten este objetivo con dirigentes supuestamente en sus antípodas, como los militantes libertarios, es usar lo que tengan a mano para debilitar a Pullaro.