Hay errores que nacen de la buena fe. Los que creen, todavía, en el funcionamiento de las instituciones y en la palabra de quienes la conducen, suelen cometerlos. El gobierno de Pullaro creyó en la palabra de Rafael Gutierrez y Roberto Falistocco, los «dueños» del Poder Judicial santafesino desde los años 90. Hoy, la causa «Caja de Jubilaciones», deja al descubierto no sólo que mintieron, sino que sus acciones están destinadas a permanecer en el poder, a pesar de lo que dice la Constitución

Cuatro miembros de la Corte Suprema de Santa Fe, se niegan a apartarse de una causa en la que se resuelven los topes de sus propias jubilaciones. Uno de ellos, Eduardo Spuler, ya renunció a su cargo pero se irá recién en noviembre próximo.

Otros dos, en cambio, anunciaron verbalmente sus renuncias. Y nunca, desde entonces, las formalizaron. Es decir: Los dos, habituales presidentes del cuerpo durante las ultimas tres décadas, dicen que se van pero no lo hacen. Aún cuando el artículo 124 de la nueva Constitución provincial dice, con una claridad inapelable, que sus cargos «cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad«

En el medio, tienen que resolver el futuro de una causa que los involucra de manera directa: Los efectos de la reforma a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Una normativa que impuso, entre otras cosas, un aporte solidario, progresivo y temporal para paliar el déficit, a todos aquellos que reciben salarios y jubilaciones superiores a » 3 jubilaciones mínimas».

Pero además, impone un techo a los montos que se pueden percibir: Nadie, al menos en la caja pública santafesina, podrá recibir montos que superen las 20 jubilaciones mínimas: El año pasado eran 8 millones. Ahora, actualizadas, no superan los 10 millones.

¿ Cual es el problema? Que hasta antes de la reforma de la caja, sus jubilaciones representaban el 82% de sus salarios como jueces. Salarios, que además, no pagan impuestos a las ganancias. Es decir, si un juez se jubila con 17 millones de pesos hoy, por imperio de la nueva ley, no podrá recibir más de 10 millones. Si se «cuestiona judicialmente» el efecto del tope, sus señorías pasarían a ganar 15 millones.

La mayoría de los «amparistas» ofendidos por el límite, son ex jueces y ex legisladores, entre estos últimos se destacan el (¿ex?) socialista Eduardo Di Pollina y la ex diputada ultra reutemanista, Alejandra Vucasovich. Todos cuestionan la «constitucionalidad» del tope. Un asunto sencillo de entender: Quienes se jubilaron ( o presentaron sus renuncias) antes de la puesta en vigencia de la nueva ley, mantuvieron el privilegio de la jubilación sin tope. Los que eligieron hacerlo después, cómo Gutierrez, Faistocco, Spuler y el ahora ex jubilado, nombrado juez de la Corte, Weder, tendrán que soportar el enorme peso de cobrar, «sólo» 10 millones.

Y ellos, en lugar de apartarse de la causa en la que debe resolverse el asunto, se quedan. Y cuando se los recusa, rechazan la recusación sin dar un sólo argumento.

Al final, no se trata de leyes, ni de constituciones, ni de ética. Se trata de no aceptar el fin de un poder.

Porque Gutierrez, su empleado fiel Spuler y el rosarino Falistocco, no aceptan que el Poder Judicial cambió. O que deberá cambiar.

Los «muchachos» no se rinden. El ejercicio continuo del poder- no sólo el judicial- durante 35 años los acostumbró a un nivel de discrecionalidad feudal. Ellos no tienen el poder, han sido el poder. El Poder Judicial en Santa Fe, ha sido administrado por auténticos propietarios: Ellos deciden qué, cuando, a quienes y bajo que intepretaciones se rigen los asuntos judiciales en esta provincia.

Allí están las causas del Banco de Santa Fe- vaciamiento y privatización escandalosa, la causa inundaciones, la venta escandalosa de Aguas santafesinas a los franceses, y todas y cada una de las causas judiciales que involucraron a poderosos en esta provincia. Todas en absoluta impunidad, todos libres, todos sin ninguna clase de consecuencia.

Por eso, cuando ocurren cosas como las que están ocurriendo en estos dias en Santa Fe- el escándalo Fortress y el inexplicable cierre de lainvestigación sobre la financiera Oldani- lo que sobrevuela es la sensación de que hay sectores, especialmente representados por estos dos hombres de poder pleno en la justicia, que no quieren cambiar nada. Y que no están dispuestos a hacerlo, aunque la Constitución los obligue a apartarse de sus lugares.

Falistocco, Gutierrez, Spuler deben ser obligados a renunciar de manera inmediata a sus cargos. Incluso Weder, flamante juez, debería ser sometido a juicio político por su negativa a apartarse de una causa en la que se resuleven- en tanto jubilado en pausa- sus propios intereses económicos.

A Pullaro le sobró paciencia con ellos. Las buenas intenciones, para resolver una reforma necesaria como la judicial, chocan contra la falsa aceptación de las reglas por parte de los interesados. Y esta resistencia, esta falta de formalización de sus renuncias, lo dejan en evidencia.

No piensan irse. No está en sus mentes: ellos no se sienten miembros del Poder Judicial. Se creen dueños. Y las propiedades sólo admiten sucesiones familiares.