Que nadie se desentienda, todos somos reponsables

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Rosario ha vuelto a los titulares de los diarios como sinónimo de crimen. Después de un tiempo, donde las estadísticas mostraban una leve baja en los niveles de violencia, en el último mes, se produjeron 27 homicidios, y cinco de ellos en situación de robo, una violación a una menor de 14 años en la que habría participado personal policial, y un conjunto de hechos de inseguridad, robos, arrebatos y asaltos, que perforan la calma del ciudadano común.

A los datos hay que agregarle subdatos no menos importantes: la ola se produce en un contexto de tensión policial -una marcada resistencia de algunos sectores de la fuerza a los cambios introducidos por el poder político – y muchos de los autores de los hechos son personas que deberían estar detenidas por condenas, y que gozan de libertad por decisión judicial.

En el caos violento todos intentan abrevar. Los jueces se muestran ofendidos cuando se los señala, los dirigentes políticos lanzan críticas despiadadas al gobierno provincial, incluso los dirigentes de los partidos que representan a la gestión nacional que retiró las fuerzas federales de la ciudad con la promesa de devolverlas, lo que nunca sucedió; o los que sostuvieron a un gobierno nacional durante doce años, que se limitó a mirar a la ciudad desde lejos, sin prestar ninguna colaboración – salvo en el año electoral- y a acusar por la responsabilidad de l crecimiento de los  delitos federales a quienes no tenían responsabilidad de combatirlos. y claro, también los errores de las gestiones provinciales. De la actual y las anteriores.

En ese contexto, el vecino de Rosario demanda con urgencia soluciones. Y es difícil responderles que no es sencillo dar soluciones inmediatas, en cuanto estas dependen de múltiples factores, algunos profundamente sociales, otros que demandan cambios bruscos que ocasionarán (y ya ocasionan) coletazos de multiplicación de la violencia, y otros, que exigen un cambio en los niveles de responsabilidad de la justicia. Y también, una ayuda inmediata de las fuerzas federales, que le corresponden tanto a Rosario, como a Buenos Aires o a la Provincia de Buenos Aires.

El Narcotráfico, que está lejos de ser el problema que tienen ciudades de México, Venezuela o casi toda Centro-América; es si un modo de vida de muchos chicos. Desarticulada la Banda de Los Monos, único grupo de verdadero peso en la zona, sus perdigones se multiplican en pequeños grupos que pelean por el dominio de ciertos barrios de la ciudad. Los comúnmente llamados “Soldaditos” se disputan a balazos los pequeños kioscos que perduran en la ciudad, mientras un vasto sector de la clase media y la clase media alta de Rosario con mucha hipocresía, demanda el combate del tráfico, mientras se constituyen en constantes compradores de la droga.

Santa Fe, con Rosario como punto estratégico de observación, no es una excepción. Pero lo mismo ocurre con igual y en algunos casos mayor gravedad en la CABA, en todo el Conurbano Bonaerense y en cada una de las grandes ciudades del país. Lo propio ocurre hoy también en Montevideo, donde la situación se asemeja bastante a la de las ciudades argentinas.

Todo eso cuenta necesariamente con la complicidad de sectores de la fuerza provincial. No con la Policia de la Provincia de Santa Fe ni con el 90 % de sus componentes, pero sí con sectores que a lo largo de las últimas décadas, se sirvieron cómodamente de los beneficios de liberar zonas y recaudar por afuera de la gestión.

Basta con repasar las decenas de causas iniciadas por Asuntos Internos de la POLICIA de Santa Fe, que procura establecer cómo varios ex jefes de la fuerza se enriquecieron de una manera imposible de explicar con sus ingresos.

¿ A quién le resulta funcional el “caos”? Ni siquiera falta responderlo. Todos aquellos que desde adentro de la fuerza reclaman “cambios”, casualmente forman parte de aquel pasado de jefes con beneficios extras.

¿Hay zonas liberadas en Rosario? No se puede saber, pero queda claro, para el Ministerio de Seguridad, que hay situaciones ( y reiteraciones) que no son normales. Hay hechos que por su “facilidad”, parecen previamente preparados. Y si, también hay, muchos casos que responden a nuestro peor problema: la violencia social, algo que se ve y se verá agudizado si se profundizan los factores de desigualdad social.

Pero también es posible por la ausencia casi absoluta de fuerzas federales que son, por naturaleza, las que deben avanzar sobre los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes. El Estado nacional retiró de Rosario a la Gendarmería, y quedó claro, con la última intervención de esa fuerza, que cuando el trabajo se complementa, y cada uno se aboca a su tarea, los resultados son diferentes.

La Policía de Santa Fe, todavía, no está en condiciones de afrontar ese trabajo en soledad. Ni debe. No sólo en la Provincia de Santa Fe, sino en todo el país. Hay ahí, también, una clara responsabilidad del Gobierno Nacional. ¿Acaso no era esa una de las principales promesas del Presidente Macri en la campaña? Bueno, pasaron 8 meses y los esfuerzos se han concentrado exclusivamente en las Provincias que gobierna su coalición.

Otro tanto hay que decir de los jueces de ejecución de sentencia. Sus decisiones “garantistas” ordenan liberar a personas que no cumplen con los requisitos mínimos. Las comillas no subrayan el término, lo deforman. Todas las decisiones judiciales deben responder a las garantías constitucionales. No se pueden pedir medidas judiciales que no respondan a lo estipulado por la Constitución. Pero también las leyes hablan de las discrecionalidades de los jueces, de la necesidad de que las medidas se tomen no sólo observando las normas, sino el contexto y las particularidades de los casos. Poner en libertad a una persona, que claramente – por antecedentes y por sus relaciones externas- puede ser un peligro inmediato para la sociedad es un hecho de verdadera irresponsabilidad. Los jueces deben ser estrictos y muy cuidadosos en este tipo de decisiones. No se trata sólo de aplicar la letra fría de la ley, sino de interpretarla y decidir con criterios basados en el sentido común.

Hay que distinguir necesariamente violencia de delito.  Y aunque ambos estén necesariamente asociados, hay que remarcar con vehemencia que es la primera, genuina, naturalizada, incorporada a la vida de gran parte de nuestra población, la principal razón de nuestros males.

La violencia no nació de un repollo ni es consecuencia de ninguno de los factores arriba enunciados en forma exclusiva, pero cada uno de ellos contribuyó a instalarla. Una sociedad desigual, que no rencuentra respuestas en sus instituciones, que se ve asolada por la criminalidad natural que se  desinhibe con el consumo de drogas, que no tiene horizontes laborales, donde sus jóvenes  no encuentran en la educación  un lugar de inclusión, termina siendo una sociedad violenta.

Si a eso le agregamos la complicidad de la corrupción policial para hacerse con armas, y la “flexibilidad” judicial para ofrecer libertades que no deben ofrecerse, resultan un combo perfecto.

No se trata de planes de seguridad, sino  de recomponer los procesos  represivos básicos- Provinciales y Federales- y de demostrarle a la sociedad, desde todos los ámbitos de responsabilidades, una actitud de combate al delito.

Quien no se sienta responsable de la situación, oficialistas y opositores, evidentemente no entienden que estamos en un problema que no distingue colores políticos, ni que pueda ser aprovechado por nadie.

Por nadie no, por el delito y sus economías. Que lamentablemente siguen ganando la pelea.

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