Superti, Lewis, la política y la ética pública

En los primeros años de la carrera de abogacía, ya sea en la Introducción al derecho, o en las materias relacionadas con la filosofía y el derecho, me cansé de repetir conceptos y de trazar comparaciones. A esta altura, ya no me quedan dudas: el derecho es, por naturaleza, una actividad- en tanto profesional liberal, docente, fiscal, defensor, juez o lo que te toque ser en su nombre- que se puede practicar sin ninguna clase de ética.

Ejemplos sobran: nos cansamos de ver por Televisión a los abogados que eligen ganarse el dinero sucio en nombre del derecho: “todo ser humano tiene derecho a la defensa, haya hecho lo que haya hecho”. En esa regla consagrada por todos los códigos del mundo, los abogados se liberan de dar explicaciones por las más aberrantes defensas. Y está bien:Los que creemos en el principio de inocencia, los que creemos en el derecho de todos a ser defendidos en un juicio justo, los que pregonamos por una justicia que procure reparar el daño ocasionado por un particular o por el propio Estado, a través el mismo Estado convertido en tribunal imparcial, tenemos la obligación de aceptar que allí se quiebra la unidad entre el derecho y la ética. Y así como el derecho es exigible, la ética no.

¿ Por que entonces es reprochable que los dos ex Ministros de Justicia de la Provincia de Santa Fe, durante las gestiones de Binner y Bonfatti; Hector Superti y Juan Lewis, hayan aceptado ser defensores particulares de tres de los acusados y probablemente imputados, integrantes de la Banda rosarina que hacía maniobras fraudulentas con la compra venta de inmuebles?

Y allí entra a jugar el tercer factor, en este caso si inescindible con la ética, aunque la regla no se cumpla casi nunca: fueron funcionarios políticos. Hasta hace horas ocupaban asesorías en la Legislatura de Santa Fe, y además- les guste o no- representan algo más que sus propios títulos de abogados.

Superti y Lewis, renunciado uno y echado el otro apenas se conoció la noticia, vinieron a desconocer con la aceptación de defender a sus “amigos”, que sobre sus espaldas si recae la obligación ética de saberse representantes de un colectivo. Sean o no conscientes de eso, puedan o no explicarlo desde la lógica puramente legal, o directamente que no les importe un pito el asunto y sólo procuren ganar dinero.

«No se puede acompañar ni defender a quienes, probablemente, obtienen ganancias con la sangre de decenas de pibes que mueren en los barrios de Rosario y Santa Fe.»

Sus decisiones personales vienen a romper con la invisible regla que impone a cualquier persona que ejerce la política, mucho más en el Frente Progresista de Santa Fe y aún más si se trata de acciones que -posiblemente- estén ligadas al lavado de dinero proveniente del Narcotráfico: No se puede acompañar ni defender a quienes, probablemente, obtienen ganancias con la sangre de decenas de pibes que mueren en los barrios de Rosario y Santa Fe.

No pueden, bajo ninguna regla explicable, por legal que sea; procurar la defensa de quienes con sus negocios, burlaron al fisco, financiaron al delito o directamente se enriquecieron cometiéndolo.

No existe, ni existirá ninguna regla ni argumentación, por sentimental que sea ( en el caso de Lewis, por ejemplo, decir que defiende a dos ex compañeros de facultad, pobres ellos) que los justifique frente a la sociedad. La misma que les confió la administración de una parte central del Estado, como es la administración y la reforma del sistema procesal penal.

Y frente a sus amigos y compañeros del Frente que les otorgaron ese honor, aún no siendo parte del Partido y habiendo sido convocados por sus cualidades técnicas, que hoy deben frente a la sociedad explicar casi lo inexplicable: que mientras el Estado, su policía, su Ministerio Público de la Acusación, desarman una gavilla de delincuentes de guantes blancos; ellos se dedicarán a defender a los delincuentes, argumentando, chicaneando, pidiendo nulidades y todas esas clases de herramientas legales aunque inmorales que tiene el ejercicio de la profesión, para ganar sus honorarios.

Desde el punto de vista político, son hacedores de un daño moral severo a quienes confiaron en ellos. Son funcionales a un discurso falso instalado políticamente en la sociedad que acusa a respetados dirigentes del Socialismo de estar involucrados con los negocios del crimen.

Son funcionales, también, al creciente desprecio de la sociedad en la clase política.

Son cómplices del deterioro innecesario de un proceso que por fin, y a los resultados hay que remitirse, avanza sólidamente sobre la economía del delito en Santa Fe, que se lleva la vida de cientos de pibes por año, buscando alguna manera de sobrevivir en un lugar lleno de inequidades.

La ética es una regla imprescindible para sanear a una sociedad enferma. Es invisible y optativa, es independiente del derecho; pero es estructural para cualquier pretensión de cambio positivo real.

Puede que resulte normal en un país donde un matrimonio presidencial multiplicó por mil su patrimonio trabajando sólo en la función pública. Puede que sea hasta un detalle insignificante, en un país donde un presidente tiene empresas off Shore en Panamá o se olvida de declarar algunas cuentas en el extranjero. Puede que resulte hasta ridículo plantearlo en un país donde el símbolo máximo de los derechos humanos revienta trescientos millones de pesos sin dar explicaciones, o donde un Ministro de Energía, es propietario de acciones de Shell.

Desde el punto de vista político, son hacedores de un daño moral severo a quienes confiaron en ellos. Son funcionales a un discurso falso instalado políticamente en la sociedad que acusa a respetados dirigentes del Socialismo de estar involucrados con los negocios del crimen.

Puede que sea una tontería, en un contexto de naturalizada corrupción. Pero no para el Frente Progresista de Santa Fe. No para una Provincia que tiene los índices más bajos de corrupción política en la última década. No para gobiernos que han hecho de la austeridad una regla sagrada. No para Gobernadores que no han usado sus cargos para enriquecerse. No para decenas de miles de ciudadanos que confían en la posibilidad de sostener un proyecto basado en la decencia.

Ni Lewis ni Superti lo han entendido. O peor, quizás no les importe.
Ellos quedarán en la historia como dos cómplices que se enriquecerán con honorarios pagados con dinero manchado con sangre. Tienen derecho, si. Pero violaron la regla elemental del hombre político honrado: la ética pública.