Los verdaderos discapacitados que recibían la pensión no pueden entenderlo. Demasiado tienen con su propio drama como para estar intentando comprender lo incomprensible: ellos no sólo no lo merecen, sino que además , se constituyen en víctimas de una decisión tomada, curiosamente, por personas con capacidades diferentes.

Es probable, sino seguro, que la corrupción política de la década Kirchnerista haya utilizado una figura tan sensible como esta pensión para beneficiar a quienes no debían recibirla. Pero eso se enmienda purgando a quienes no deben recibirla, no privando a todos de ese beneficio, para después, presuntamente, ir devolviéndoselas retroactivamente.

Es un castigo, no un hecho de justicia. Y la decisión responde a una lógica economicista, que pone a la renta por encima del hombre.

Y ahi es donde queda al descubierto la capacidad diferente de quienes toman este tipo de decisiones: lejos de poner al hombre y a sus necesidades en el centro de la atención, prefieren mirar planillas- esas que suelen respetar casi con religiosidad- antes de preguntar cuales son los daños que ocasionan en la vida cotidiana de miles de inocentes.

En medio del escándalo, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentó justificar el nuevo ajuste practicado sobre algunos de los sectores más vulnerables y consideró que «una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara».

Claro, para eso se necesita trabajar si lo desearan . Ellos son los que deberían hacerlo. Hacer un trabajo de campo detallado. Detectar donde están los excesos, cuales son las verdaderas causales que las vuelven incompatibles, y esencialmente, por sobre todas las cosas, proteger a quienes deben ser protegidos.

Y Badino siguió: «Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad».

No importa que comen aquellos que se alimentan con las pensiones mientras no la reciben, ni cómo compraran sus medicamentos, ni cómo van a continuar con las actividades educativas, deportivas o cómo se transportarán, hasta que el estado- en su versión de achique fiscal- se decida a devolverlas.

Pero no, Los Badino no piensan en eso. La santa biblia ultra liberal de las cuentas fiscales elige cortar todo, sin discriminación alguna, y después, tomándose el tiempo que el estado suele tener, devolver los beneficios.

Y los someten además, a una nueva y ardua tortura burocrática. Porque han decidido invertir la carga de la prueba y por ahora, los pensionados son culpables hasta que demuestren lo contrario.

Es al revés. Son discapacitados hasta que se demuestre lo contrario. Pero para quienes creen que el centro de las acciones de los gobiernos tiene que estar puesto en cortar todo lo que se pueda sin importar a quienes perjudican, lo normal es esto.

Por eso tienen capacidades diferentes. Porque tienen la frialdad, propia de los CEOs, de tomar decisiones inhumanas sin que se les mueva un sólo músculo. Y si alguien protesta desde arriba porque no calcularon los efectos políticos, bueno, se da marcha atrás… como si fuera una virtud equivocarse continuamente en la gestión del estado, y siempre contra los mismos.

Mientras el gobierno se empeña en recuperar el equilibrio fiscal que produjo con los beneficios a los agro-exportadores, a las empresas mineras, sin tocarle un centavo a la renta financiera, sin ponerle reparos a los abusos de las empresas de servicios que aumentaron sus precios sin ningún tipo de control. Mientras permiten que las cadenas de supermercados continúen haciendo pingues negocios con alteraciones permanentes de los precios, multiplicando sus ganancias…

Las clases medias y bajas, siguen pagando el ajuste. Los jubilados siguen pagando ganancias, soportando los aumentos siderales de las tarifas, soportando la peor presión impositiva, los trabajadores pierden valor adquisitivo, las Pymes cierran porque las importaciones les quitan competitividad, y los discapacitados son sospechados de ilegales y les quitan sus derechos adquiridos.

Todos somos iguales, y tenemos capacidades diferentes.

Los funcionarios nacionales tienen la capacidad especial de no sentir nada, cuando toman estas decisiones.

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