Las escuchas al teléfono del Ministro Pullaro tienen una gravedad institucional sin antecedentes. La decisión del fiscal Apullán de intervenir la linea telefónica del Ministro sin causa delictiva real, escucharlo y grabarlo durante varias semanas, y finalmente, dejarlas trascender, hablan de una inconducta grave del funcionario del Ministerio de la Acusación y cómo mínimo de una temeridad en su accionar que ofrece suficientes razones para especular con la existencia de razones extrajudiciales – políticas, por ejemplo- para llevar a cabo la inexplicable acción en su calidad de fiscal.
El teléfono del máximo responsable de la Seguridad Pública, el contenido de sus conversaciones, la información que en ellas puede circular, son de estricta reserva y merecen una especial protección. No es lo mismo que cualquier otro teléfono. Más allá de la infundada decisión de intervenir la línea por un presunto delito que nunca fue consumado (cohecho), lo que lo agrava es la difusión de las conversaciones, en las que no sólo no aparecen delitos, sino que se hacen públicas y se ponen a disposición de terceros probablemente interesados, informaciones que estaban relacionadas con operativos contra el delito, que según afirmó el Ministro, fueron frustrados «porque daba la impresión de que nos leen la mente»
En esa línea, explicó el Ministro, no sólo transitan aspectos de su vida privada, sino conversaciones con funcionarios de seguridad de la Nación, con el propio gobernador, y con diferentes funcionarios policiales y judiciales.
El supuesto argumento de manifiesta «intervención del poder político sobre el poder judicial» en referencia a las presuntas conversaciones de Pullaro con los miembros del Ministerio de la Acusación, resultan de una preocupante ignorancia: Es el Ministerio de Seguridad un auxiliar constante de las acciones de los fiscales. Es normal, natural y necesario que el Ministro de esa cartera, y de otras que trabajan en el combate contra el delito y la violencia, hablen constantemente con ellos. Lo grave sería lo contrario: que la jefatura de la principal fuerza de seguridad de la provincia no tenga un fluido diálogo con ellos. Que no se cumplan las órdenes de los fiscales, o que el accionar de la policía no fuera comunicada al poder judicial.
La independencia de los poderes no significa que los poderes no hablen entre ellos. Y algo más obvio, que funcionen de manera independiente no significa que no acuerden políticas comunes, si lo que está en juego es el interés público.
Las escuchas, que deberían ser declaradas como ilegales por resultar innecesarias, dejan trascender opiniones, términos y expresiones de Pullaro que no deben ser públicas, que no afectan ningún interés público y que no aportan ninguna novedad que modifique el accionar de ninguna de las acciones que correspondan a su área, y mucho menos al Poder Judicial.
El accionar de Apullán, que seguramente será denunciado en las próximas horas por fraude procesal, incluyendo una debida investigación a la decisión del juez Falkenberg de autorizar la «pinchadura» del teléfono del Ministro sin preguntar » de quien se trataba la linea», estuvo al servicio de quienes se ven beneficiados por el accionar delictivo, y probablemente derive en otras acciones penales.
Nadie puede objetar, bajo ningún aspecto, la decisión de los periodistas de difundir las escuchas. Las que ya se hicieron públicas, y las que probablemente se reservan para publicar. Hacerlo es ejercer la libertad de prensa.
Pero del mismo modo, y ejerciendo la misma libertad, se puede cuestionar el papel que se cumple en su difusión, si en perspectiva se observan los graves efectos, de interés público, que ellas pueden generar en conocimiento público.
Uno puede creer en la buena fe de quienes lo difunden, pero al mismo tiempo se debe remarcar que, involuntariamente, están colaborando con una sistemática acción de desprestigio contra las políticas de seguridad del gobernador Miguel Lifschitz.
No hay, ni a la vista ni en eventuales especulaciones, acciones del Ministro que puedan ser interpretadas como delictivas. Y más allá de la obligación del Ministro y de cualquier mortal a someterse a las reglas de la justicia, no existiendo razones para sospechar que existan incumplimientos en su función, la tarea del Ministro debe ser protegida de terceros que puedan obstaculizar su tarea.
Es razonable pensar que las acciones del fiscal actuante podrían responder a intereses sectoriales. Y que eso intereses, pueden estar asociados a grupos de policías afectados por una purga sin antecedentes en la fuerza. Y más, con resultados efectivos en los niveles de violencia y delito en todo el territorio provincial.
En lo que va de 2017, en toda la provincia, se produjeron 110 homicidios menos que en 2016, y 170 menos que en 2015. Desde la asunción de Pullaro, se produjeron miles de intervenciones de Asuntos Internos sobre el accionar sospechoso de oficiales de la fuerza policial. Y se separaron de la fuerza, preventivamente o definitivamente, a más de doscientos policías a los que se le probaron delitos o incumplimientos flagrantes en su accionar.
¿ Quien puede negar, entonces, que existen sectores policiales y políticos, interesados en desestabilizar la acción de Pullaro? ¿ Quien puede ignorar que la violencia, los homicidios y la estigmatización de la provincia con el narcotráfico, han sido utilizados de manera sistemática por algunos dirigentes políticos durante las campañas electorales? ¿alguien ignora, con la debida información, que Apullán antes de ingresar al Poder Judicial, fue funcionario del Poder Ejecutivo durante los gobiernos de Reutemann y Obeid?
Santa Fe es una provincia estigmatizada por el narcotráfico. Rosario fue injustamente catalogada como la capital de ese delito, y la perversidad de un sistema judicial y policial federal que ignoró la gravedad de lo que estaba ocurriendo especialmente con la violencia que generó el narcotráfico, agudizó el problema y lo transformó en una simplificación que algunos diputados nacionales celebraron en vivo y en directo por televisión, y otros, lo repartieron graciosamente.
Mientras eso ocurría, en el Tigre vivían en paz decenas de jefes narcos, Argentina era el festival del tráfico de Efedrina y la policía y la Justicia de Santa Fe, con los límites que les impone la ley y sus propias insuficiencias, desarmaron una de las bandas mas temerarias del negocio: Los Monos, a base de imputarles delitos comunes. Sin ninguna colaboración de las fuerzas federales durante doce años, sin ningún apuro por parte de los jueces federales, que por acción u omisión, cuidaban sus relaciones políticas con la Casa Rosada.
El huevo siempre es el interés de los delincuentes , la serpiente es la violencia y la muerte. Los huevos de la serpiente suelen desperdigarse en camino, y nacen serpientes que muerden igual. Esas serpientes muerden igual, aunque no salgan del huevo original.