El asesinato de un pibe en un presunto enfrentamiento en Bariloche, mostró la peor cara de la Ministra de Seguridad de Macri: ella está convencida que cualquier actuación policial represiva, se presume licita y legitima. Además, en una inesperada muestra de supina ignorancia, advirtió que «los jueces necesitan pruebas,a nosotros no nos hacen falta», dando por sentado que lo jurídico es un asunto que no le concierne. Ni a ella ni a sus fuerzas subordinadas.
Las pericias fueron brutales. Al pibe Nahuel lo mataron estando de espaldas. La bala le ingresó de abajo hacia arriba por el gluteo, coincidiendo con los relatos de los testigos que describieron el accionar policial durante el presunto «enfrentamiento» contra grupos de «Mapuches»
Y alli aparece otro problema: no hay un «conflicto Mapuche». Hay un reclamo licito, en virtud de la vigencia de dos leyes, un articulo de la Constitución Nacional y varios antecedentes en otras provincias, que otorgan tierras a los pueblos originarios. Eso en el sur no se cumple. Y no es que no lo cumple la actual administración, sino que no se cumple desde hace casi 30 años.
Otra muestra de ignorancia peligrosa de la Ministra: hay un derecho que el Estado debe garantizar y no lo hace. Y esa debe ser, siempre, la primera opción.
Para colmo, aparece una Organizacion minoritaria de dudoso origen y financiamiento autodenominado RAM, que ofrece en bandeja a la Ministra presuntos argumentos para «reestablecer el estado de derecho».
Tras la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, la Ministra parece envalentonada. Con un agravante: un importante sector xe la sociedad argentina, tan desinformado como ligero, cree que efectivamente la solución es represiva y discrecional.
Y habrá que advertir que en ese viento insustancial del humor social, siempre fugaz y variable, hay una especie de permiso para la represión. Y que la represión, en tanto derecho exclusivo del estado, debe ser conforme a las leyes y no a las sensaciones sociales.
Y que la presunción de inocencia no es un derecho superior de ningun policia, ni Gendarme, ni militar. Que ellos, en tanto portadores de nuestras armas, están sujetos a las mismas leyes que cualquier ciudadano, con la especial severidad de su «ventaja» de fuerza.
El funcionario armado que dispara de espaldas a un manifestante, aunque este lo haya agredido, debe responder con equilibrio y razonabilidad. La muerte, no es una solución en cualquier circunstancia. Por ahora, no apareció un solo indicio de que esa agresión haya sido armada, o mas: que siquiera haya existido.
El problema de los «Mapuches» es un problema de derechos. Y debe ser resuelto por los gobiernos. En forma pacifica y respondiendo a lo que consagra a la ley.
La violencia social, no es un capricho. En muchos casos responde a otra violencia, que es la negación de derechos. Y que se agrava, con los alyos niveles de vulnerabilidad de jovenes que no tienen proyectos de vida a la vista. Y suelen ser presa facil de organizaciones criminales. El narcotrafico es un ejemplo explícito.
La responsabilidad en la solucion de cada uno de estos problemas, que incluye el limite a la entrega y posesión de tierras estratégicas a extranjeros ( fronterizas o que incluyan recursos naturales públicos),demandan acciones politicas.
Lo otro es apostar al terror. Y en eso, los argentinos, tenemos un postgrado.
No será bajo el novedoso Teorema de Bullrich, la manera de solucionar nada. O mas: lo agravará. Y cuando la escalada de violencia recibe la alegre y estupida solidaridad de una sociedad desinformada, suele cosechar aún más violencia .
Y eso, no parece estar en los manuales de estilo ni en las previsiones de la innovadora Ministra