Cuando se discute la legalización del aborto, se está discutiendo entre otras tantas cosas, la posibilidad de eliminar un muro de desigualdad.
Porque no se trata de discutir el aborto. No se trata ya de decidir si habrá o no interrupciones de embarazos. Se trata exclusivamente de blanquear legalmente una situación de hecho que seguirá existiendo, lo permita o no la ley.
Y de eso hay que hablar, más allá de los argumentos que a favor o en contra se puedan dar en los distintos espacios de debate.
La legalización del Aborto, la consagración legal de la igualdad de todas las mujeres frente a la práctica de interrupción de un embarazo, es la única salida que nos queda para seguir evitando muertes. Y que quede claro: en Argentina, como en todos los pocos paises del mundo donde no hay protocolos y reglas claras sobre el tema, se mueren mujeres mientras intentan hacerlo. Muchas mujeres. Y otras no, porque tienen suficientes recursos económicos para practicarselos en lugares seguros.
Quien crea a estas alturas de la historia ,que con discusiones filosóficas o religiosas vamos a resolver algo, ha perdido conexión con la realidad:
Es que, según datos recabados en 2011, en la región, sólo Jamaica y Trinidad y Tobago registran un índice superior de fallecimientos como consecuencia de interrupciones de embarazos de forma clandestina, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . De hecho, el documento señaló que «el estado argentino incumple en todos los niveles su obligación de rendir cuentas sobre sus acciones para cumplir con los derechos relacionados con la salud sexual reproductiva de las mujeres y niñas».
El aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina. Cada año se practican decenas de miles de abortos clandestinos, y mientras las mujeres con cobertura de salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de los sectores más desfavorecidos muchas veces mueren a causa de abortos mal practicados.
O sea. El aborto se practica, pero se hace en condiciones ilegales y precarias, cuando no se tienen recursos para hacerlo. Y en esas condiciones, mueren mujeres.
¿ Que hacemos con esas mujeres y las miles que seguirán muriendo en los próximos años, si el Estado no interviene garantizando un nivel de igualdad?
Negarse a la sanción de una ley que lo legalice, es acompañar la continuidad de esa linea de muertes.
No se trata ya de discutir si se está a favor del aborto. El aborto existe con independencia de lo que piensen los distintos sectores, y la responsabilidad del legislador siempre, es sancionar leyes que garanticen el mínimo riesgo y las mejores condiciones para todas las mujeres. Pensar que con penalidades podremos evitar que se sigan practicando abortos, es de una ingenuidad o de una indolencia que asusta: quieran o no aquellos que se oponen a su legalización, el aborto se seguirá practicando.
Y queda muy claro que legalizarlo no es reivindicarlo y mucho menos desearlo. Nadie en su sano juicio, busca un embarazo para después interrumpirlo. Los abortos son la consecuencia de embarazos indeseados ( de las violaciones, ni siquiera falta decir nada) , consecuencia en muchos casos de la falta de información, de la ausencia de políticas de educación sexual y sobre todo, de falta de asistencia preventiva de los estados.
Nadie puede estar a favor del aborto. El aborto es la consecuencia indeseada de un proceso indeseado. Todas las mujeres tienen derecho a una sexualidad libre y segura. Y esa seguridad debe provenir, también, de condiciones igualitarias de acceso a la educación y a los métodos anticonceptivos.
Lo filosófico es arena de otro costal. Ni las creencias religiosas, ni las interpretaciones ideológicas caben en este debate.
Tenemos una realidad dolorosa y debemos aportar herramientas para resolverla. Y la única manera de hacerlo es garantizando que las mujeres dejen de morir mientras interrumpen un embarazo.
Y por ahora, la única que se observa en el horizonte es esta: legalizar la práctica, permitir que se hagan de manera gratuita en los hospitales y clínicas de todo el país, y en las mismas condiciones de seguridad para todas las mujeres, cualquiera sea su condición social.
Todo lo demás, es dilación, perjuicio y prejuicio. Es desigualdad.