Los días pasan, y los objetivos principales del gobernador Perotti parecen no tener asidero. Una paritaria que promete un «fracaso organizado» para convocar a una movilización a finales de febrero en la legislatura. La coerción de Llonch a los Precarizados, y el retaceo de recursos a los otros dos poderes. Un cocktail que Perotti parece decidido a hacer estallar.
La «ley de Necesidad» tendrá muchas dificultades para ser aprobada tal como la mandó el ejecutivo. De hecho ya no se trata sólo de la negativa de los legisladores del Frente Progresista, sino que otros actores, como las Cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe, que expresaron su preocupación por los articulados en los que Perotti pretende autorización para «modificar » o «resolver» los contratos de Obra Pública con las empresas locales. Las dos organizaciones advirtieron, además, que en los dos meses de la actual gestión, ya se produjeron más de 10 mil suspensiones de trabajadores, ante la falta de continuidad de pagos de los certificados de obra.
Algunos creen, no sin cierta lógica, que la decisión de insistir con el mensaje único, que incluye a todas las Emergencias juntas, termina siendo una provocación del mandatario provincial para instalar en la opinión pública la idea de que «la oposición no lo deja gobernar». Eso lo dicen de manera constante. Ahora parecen decididos a llevarlos a un límite con tensión y movilizaciones de por medio.
Un dirigente gremial «no alineado» a la gestión gubernamental dice sin vueltas: » Lo que están buscando es de manual: después del 20 de febrero, cuando las paritarias «fracasen», los muchachos de UPCN, ATE, AMSAFE y SADOP, van a movilizarse a la legislatura para reclamarle a los diputados que sancionen la ley. El gobierno argumentará que sin esa ley no pueden ofrecer ningún aumento, y les van a trasladar la presión a radicales y socialistas»
Esa maniobra ya se hizo explícita en la reunión con empresarios y organizaciones gremiales que el gobernador convocó hace un par de semanas, dónde no consiguió- a excepción de las declaraciones del Secretario General de ATE, Jorge Hoffmann, ninguna expresión de respaldo importante. De hecho la carta de las Cámaras de la Construcción, revelan todo lo contrario.
Sin embargo avanzan. Este martes, en una reunión que mantuvieron algunos delegados de los denominados «Precarizados» ( trabajadores bajo modalidad de contratos, que no fueron pasados a la planta durante la gestión de Lifschitz) y el Ministro de Cultura, Jorge Llonch, sucedió un hecho que roza lo delictivo.
En el mensaje del grupo de delegados a los trabajadores precarizados se escribió esta síntesis : J…. se comunicó con Llonch y con Delfor, quienes informaron que está garantizado el pago de diciembre, pero el mes de enero aún no está definido. ( …) A partir del día de hoy, se comprometieron a enviar los conceptos de facturación de diciembre. Luego agregan:
«Respecto al pago del mes de enero, la información aún no es clara. Aparentemente, esto se debe a problemas presupuestarios. En relación a esto, el ministro pidió a la Asamblea un pronunciamiento a favor de la Ley de Emergencia Económica que se está tratando en la Legislatura Provincial. De acuerdo con él, esta ley es necesaria para poder garantizar los presupuestos (y los salarios) de los meses subsiguientes. (…) Entendemos que este pedido de pronunciamiento es una estrategia de negociación por parte del gobierno. Mientras algunxs compañerxs consideraron la propuesta como extorsiva y evaluaron los factores en contra, otrxs valoraron la posibilidad de aprovechar este pronunciamiento como una nueva instancia para visibilizar los reclamos de la Asamblea»
El texto confirma dos cosas: que el Ministro usa la negociación con los trabajadores para presionar apoyo público en el debate legislativo. Y en segundo término, confirma que Gobierno y Gremio ( ATE) actúan de manera conjunta, tanto en la estrategia frente al conflicto, como en el uso de la situación, para generar un nivel de presión sobre los legisladores de la oposición: Para los delegados, Jorge Llonch y Marcelo Delfor, Secretario General adjunto de ATE, son voceros de la misma postura.
La asamblea de precarizados resolvió igualmente el «Armado de una comisión de análisis de la Ley de Emergencia. Esta comisión llevará los ejes principales para discutir en la próxima asamblea » según detalla el mismo comunicado.
Todo esto se suma a la ya conocida y todavía no difundida decisión del gobernador Perotti de «postergar» el envío de fondos tanto al poder legislativo, como al Poder Judicial. Aunque a este último, en menor medida.
El gobernador retiene indebidamente los recursos del resto de los poderes, y se arriesga a una denuncia por abuso de sus atribuciones ejecutivas, frente a legislativos y judiciales. Ante el comentario sobre la situación que le hizo un colega a un alto funcionario del Ejecutivo, este no dudó en responder : «Claro, para que Lifschitz engorde a los periodistas que nos matan»
Las actitudes de los miembros del Ejecutivo denotan dos cosas, que a estas alturas generan preocupación en mucha gente: Primero que no reconocen su condición de minoría en la Cámara de Diputados, y que no parecen decididos a aceptarlo. En segundo lugar, y aunque resulte un lugar común, que la gestión carece de un programa y que todas, absolutamente todas las fuerzas de sus funcionarios están puestas en sacar a como dé lugar la ley de «Necesidad». Nadie sabe, ni se imagina, cuales son los planes del gobernador para el muy probable caso de que la Cámara de Diputados resuelva rechazar el mensaje y archivarlo. La sensación general, es que no tiene otro plan. Y eso, se vuelve muy peligroso.
La escalada de violencia verbal, el nivel de apriete a intendentes y presidentes comunales, la bochornosa extorsión del Ministro de Cultura a los contratados, y especialmente la ausencia de datos reales sobre el estado de las cuentas provinciales, pueden derivar en un cocktail peligroso. Y lo más peligroso es que el responsable de esta situación, el gobernador Omar Perotti, parece decidido a hacerlo estallar. Y a su lado, los representantes de los trabajadores. Unidos por los mismos intereses.
Los despidos en la obra pública, la caída del ingreso de los empleados públicos y la parálisis de la actividad económica que trajo consigo el asueto de enero no parecen indicar, que los intereses que defiendan sean los mismos de la gente que los votó. Y mucho menos, los de los asalariados.