Antes de que las campanas del fin de junio sonaran, los responsables de los Arzobispados de Santa Fe y Rosario, pusieron en marcha un «protocolo» ordenado por el Papa Francisco, que consiste en abrir un espacio dentro de la Iglesia, para recibir denuncias de niños abusados por miembros de la propia Iglesia.
Según el documento que funda la creación de este organismo de investigación interno, los arzobispados crearon un “sistema estable y fácilmente accesible al público” que permitirá a cualquier persona “presentar informes sobre sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos”
El asunto «estalló» de Santa Fe, tras la denuncia del abogado rosarino Carlos Ensinck. El letrado observó lo obvio: no puede ningún organismo ajeno al Estado, constituirse como espacio para recibir denuncias de delitos. Menos aún, como se aclaró, si esos delitos fueron cometidos dentro de la misma iglesia.
Tras la denuncia de Ensinck, el Arzobispado de Santa Fe convocó a una conferencia de prensa para «explicar todo». La periodista del diario que destapó el asunto, Barbara Favant, relató la reunión con detalles surrealistas: el lugar elegido por la comisión para recibir a la prensa estaba presidido por un cuadro del ex arzobispo Edgardo Storni.
SANTA FE 2002
Storni, por si la memoria flaquea, fue el Arzobispo condenado por abuso sexual agravado sobre un seminarista. Fue, además, el hombre de mayor poder en la capital santafesina entre los años 80 y 2000. Sucesor de Monseñor Zaspe y dueño de las designaciones de los ministerios de Educación y Salud, durante el último gobierno militar, y los cinco primeros gobiernos del peronismo: Vernet, Reviglio, Reutemann, Obeid y Reutemann.
En la «Santa Fe de Storni» nadie publicaba nada sin su permiso. Hasta que alguien vino a contarlo desde Buenos Aires.
En 2002, la denuncia de sus abusos, aparecieron reproducidos en un libro de la periodista Olga Wornat que se presentó en la Feria del libro de Santa Fe, y desencadenó un escándalo que intentó ser apagado por el silencio de la prensa que entonces le respondía ciegamente a Monseñor.
Pero la visita de Wornat coincidió con con la salida de los primeros portales santafesinos en la web , que no sólo cubrieron y abordaron la información, sino que se convirtieron en usinas de información que se replicaban en los medios nacionales.
Una declaración del Padre Guntern a la periodista Luciana Trinchieri, acabó con los silencios posibles : el padre confirmaba que había recibido una denuncia de parte de un seminarista, y que él mismo se lo había reprochado a Storni. Los hechos derivaron en un escandaloso secuestro de Guntern por un grupo de clérigos que lo llevaron por la noche al edificio del arzobispado y bajo presión, lo obligaron a firmar una retractación. Guntern no soportó la presión e hizo públicos los hechos. Y entonces, la era Storni comenzó a terminar.
Una masiva movilización se levantó en defensa del cura de San Roque, y Storni eligió la huída. Se fue a Roma y desde allá, emitió su renuncia.
Storni fue condenado por abuso sexual agravado por su cargo. Sus abogados pidieron la nulidad de la causa por cuestiones formales. El ex arzobispo murió en medio del proceso que buscaba ratificar en sede superior la condena. Murió tras vivir varios años en una casa comprada por el Arzobispado en La Falda, Córdoba, especialmente para su retiro.
Murió con el título de Arzobispo emérito. A pesar de sus delitos, no fue degradado ni excomulgado. Y la Iglesia santafesina, como lo explica el cuadro, le siguió rindiendo homenajes.
Cuando la prensa consultó a los entonces gobernador y ex gobernador, Carlos Reutemann y Jorge Obeid, por la gravedad de los hechos, la respuesta de ellos fue la misma: «Es un asunto interno de la Iglesia, que debe resolver la iglesia»
SANTA FE 2020
No sólo «cayó » Storni en estos últimos 18 años, sino que decenas de curas fueron condenados por delitos sexuales contra menores. Todos siguen siendo curas, incluso aquellos que recibieron condenas firmes como los abusadores entrerrianos Justo Illarraz, Escobar Gaviria y Marcelino Moya.
La iglesia ha mantenido en sus puestos apostólicos a los condenados. Nunca los condenó a través del «Derecho Canónico», ni fueron separados de la iglesia.
Por eso, la creación del sistema paralelo de denuncias por delitos penales, creado por los arzobispados, generó una fuerte reacción de la sociedad santafesina. Legisladores de todos los colores políticos de Santa Fe, Organizaciones Civiles de lucha contra el abuso sexual y especialmente la que nuclea a las victimas de abuso dentro de la Iglesia, se hicieron escuchar.
La pregunta es obvia. ¿ Puede la Iglesia recibir denuncias de abusados en la propia iglesia? No. No lo permite la única ley que nos pone en igualdad: las leyes de los códigos civiles y penales.
Los rechazos son claros.
Pablo Huck, Integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en la República Argentina (RSAEA) fue terminante al respecto: «Están armando un esquema de impunidad. Quieren guardar las denuncias, para evitar que lleguen a la justicia. Hay dos tipos de curas en la iglesia: los que abusan y los que encubren. Los otros, se tuvieron que ir»
La Directora de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe, Soledad Artigas, tampoco dejó lugar a dudas : «Vemos con preocupación la metodologia que está proponiendo el Arzobispado. Sólo la Justicia puede recepcionar este tipo de denuncias. Es el único organismo que puede accionar en relación a este tipo de denuncias. Nosotros como Municipio no recibimos denuncias. Escuchamos, asesoramos a las víctimas y les indicamos cuales son las herramientas para que inicien la acción penal» y agregó: «no se puede hablar y denunciar ante la misma institución que está ejerciendo la situación de vulneración de derechos«
Cuando llegó el turno de consultas a los funcionarios provinciales, Celia Arena- histórica funcionaria del reutemanismo y actual Secretaria de Estado de Igualdad y Género, decidió no emitir opinión. Coherente con la historia de sus dirigentes.
Pero por la tarde, otra funcionaria del gobierno provincial, ni más ni menos que la Secretaria de de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo, hizo públicas unas fotografías con el Arzobispo de Rosario, Eduardo Martin, que fueron acompañadas por frases claramente justificadoras del nuevo mecanismo religioso de recibir denuncias.
En el posteo por Twitter que luego fue borrado y sutituido por un texto aún más grave, la funcionaria dice:
Chialvo, en nombre del gobierno provincial, «auspicia» la nueva metodología instaurada por la iglesia, y se limita a decir que tras ellas, se harán las denuncias CIVILES correspondientes, eludiendo o ignorando que los abusos son delitos PENALES, y que son agravados, en el caso de que sean cometidos por autoridades eclesiásticas.
Tras las reacciones en las redes sociales, la funcionaria eligió el camino de BORRAR lo publicado y sustituirlo por otro texto, en el que incorpora la instancia penal e «insta» a la Comisión de denuncias de la iglesia para que la documentación que eventualmente recibieran, sea entregada a la justicia ordinaria.
Chialvo vuelve a ignorar en su declaración la «exclusividad» que tiene el sistema penal para recibir denuncias de delitos contra la integridad, e insiste en legitimar desde el Estado Provincial una instancia extrajudicial para recibir denuncias. Y algo aún más grave: que se hagan frente a quienes pudieron cometer o encubrir ese delito.
Las definiciones de Chialvo y el silencio de Celia Arena, confirman lo que muchos suponíamos : El peronismo vino a restaurar el Estado de las cosas, previas al 2007. La relaciones con la iglesia católica permanecen intactas, y con el gobierno de Omar Perotti vuelven a ser profundas.
El cuadro de Storni frente a la prensa parece dar un mensaje a todos aquellos que prefieren ignorar lo que ocurre: VOLVIMOS ( A fase Storni)