Se dirá que es exagerado, claro. No faltará quién lo niegue de manera contundente, y si, claro, habrá mensajes conmovedores de funcionarios, dirigentes gremiales y militantes sociales reivindicando las figuras de Mariano Moreno, de Rodolfo Walsh o cualquier referente que haya lanzado frases que encajan con la fecha. Frases vacias, despegadas del contexto y la realidad. Frases sacadas de otra época, de otros tiempos, de otras realidades.
Santa Fe vive un momento muy complejo en términos de libertad de expresión para los periodistas. Hay una clara merma de la libertad para quienes pretenden ejercer el oficio con libertad.
No se trata de una restricción formal para decir, sino de un conjunto de factores que por acción u omisión, han puesto a publicación de algunas informaciones, como límites que ponen en riesgo el trabajo de los periodistas, sin que nadie salga a protegerlos.
Las políticas de comunicación del gobierno provincial son el huevo de la serpiente. Hay un gobierno que ha decidido que quienes opinan o publican lo que no les gusta, son enemigos. Y no sólo amenazan a los medios con quitarles el flujo de pauta oficial – imprescindible en tiempos de crisis y una prácticamente nula inversión privada en publicidad- sino que ordenan sin disimulos, levantar noticias de los medios cuando les resultan incómodas.
A eso se le suma «la censura preventiva» que toman los directores de medios, para evitar las sanciones oficiales, sino la autocensura del periodista, que en plena crisis no quiere exponer su fuente laboral y se limita a informar «lo que se puede», sin poner en crisis si esos hechos tienen o no otra versión.
El otro elemento, quizás el más triste, es la condescendencia de los gremios periodísticos que por coincidir en militancia partidaria con el gobierno, o por haber cerrado acuerdos que los benefician ( planes de viviendas, nombramientos en medios oficiales para dirigentes, etc) prefieren omitir las groseras apretadas de funcionarios a periodistas que llegaron al paroxismo con el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Nunca hubo repudios para él, sino temerosas recomendaciones sobre el uso del idioma. No importaba ( ni importa) si desde las oficinas de inteligencia del Estado, se pinchaban teléfonos de periodistas o directamente se los «apretaba» en público.
Los principales medios de la provincia reciben elevadas pautas oficiales del Gobierno y Lotería. Esa pauta condiciona, claro, pero además hay presiones concretas. Se trata de hablar con colegas y escuchar las acciones cotidianas de los funcionarios provinciales, que a través de los teléfonos ordenan qué cubrir y qué no, con quienes hablar y con quienes no, y especialmente a qué periodistas se les ofrece la posibilidad de expresarse.
El canal de la provincia se convirtió en una tribuna oficialista. Y se produjeron despidos por «linea editorial» sin que ningún gremio haya realizado una sola protesta activa.
Este 7 de junio, es el más trágico que recuerde el ejercicio del periodismo en la provincia, desde el retorno a la democracia. Lo digo aún comparándolo con las gestiones justicialistas de los años 80 y 90. Entonces funcionaban medios tradicionales con posiciones críticas, aunque el tiempo demostró que lamentablemente aquello respondía más a las ambiciones políticas de quienes los dirigían que a los objetivos de preservar la libertad de expresión y el equilibio de posiciones.
Hoy los medios «tradicionales», las radios, los canales, los diarios, mantienen una postura de repetidoras de comunicados oficiales, y las lineas críticas de pensamiento se dirigen a los «temas nacionales», pasando por encima lo que le ocurre a la sociedad, en temas tan importantes como la educación, la salud, la seguridad pública, y los negociados de un gobierno que no para de proponer acciones confusas entre los intereses privados y los públicos.
De 500 medios que recibian pauta oficial a finales de la gestión de Miguel Lifschitz, se redujo a menos de 200. Los acuerdos concentran la supervivencia de los medios que se quedan sin respaldos, y los convierten en loteos de espacios a los que acceden, generalmente los que tienen «ayuda» oficial del gobierno.
Quedan, claro, y no lo niego ni lo excluyo de las mismas limitantes, la ayuda de las otras estructuras estatales – Legislatura y Municipios -para los pocos espacios críticos. Pero la dimensión cuantitativa de unos y otros, por los niveles de presión que cada uno ejerce y especialmente, y me hago cargo de lo que digo, de la enorme diferencia de tolerancia con la discrepancia que tuvieron no solamente los gobiernos del FPCYS, sino el mismo gobierno de Jorge Obeid.
Es imprescindible entender que aún en las más profundas diferencias que se puedan tener, nuestra principal obligación como periodistas es garantizar la libertad de expresión. No la propia, sino la de los demás. Tarde o temprano, el ejercicio abusivo del poder termina tocándole las narices a quienes por interés fueron condescendientes con el principio del proceso. Allí, como siempre citamos al poeta y diremos «Ya es tarde, están golpeando tu puerta»