Los presos del penal de máxima se escapan por debajo de los alambrados o dentro de changuitos de supermercados. Las garitas de vigilancia no tienen comunicación entre ellas ni armas sofisticadas para repeler un ataque. Las cámaras de vigilancia no funcionan. En un año y medio no se incorporó ni un solo agente al Servicio Penitenciario, y quienes trabajan dentro del sistema cargan con el stress de la pandemia y la suma indiscriminada de internos que superan las capacidades razonables de los penales. Mientras todo eso ocurre, el gobierno de Omar Perotti, guardó en plazos fijos, el 62 % del presupuesto 2020 y apenas lleva ejecutado el 4,5% de los 1700 millones destinados para el 2021. Los responsables del sistema postergaron su visita a la Legislatura, porque tenían que concurrir a «un curso».
Todo lo que ocurre en Santa Fe tiene explicaciones. Algunas, sin duda , se remiten a años de dificultades estructurales. Como la existencia de bandas narcos con una clara vinculación con bolsones corruptos de la policía y de otros niveles del estado, alimentadas por la pobreza estructural que se convirtió en una máquina de proveer soldaditos que instalan violencia y muerte, en la lucha por los territorios. Eso no se discute, y los funcionarios de hoy tendrán que aprenderlo. Hacer uso proselitista de la violencia, después se paga caro.
Pero algunas otras causas, no se remiten al tiempo, sino a la gestión. Y en el caso de las últimas dos fugas de presos en Piñero y otras de menor impacto en las comisarias santafesinas, claramente las explicaciones se deben buscar en las acciones o inacciones de la gestión política.
Que la provincia de Santa Fe, con sus altos niveles de violencia y homicidios, haya decidido NO INVERTIR los recursos públicos proyectados en los presupuestos 2020 y 2021, no puede imputarse a factores externos.
Que durante este año y medio de gestión, el Servicio Penitenciario de la Provincia haya sumado detenidos sin haber incorporado un solo agente nuevo a la estructura, manteniendo no solo al mismo personal de planta que existía en diciembre de 2019, diezmado por la Pandemia y el stress que significa la convivencia en los penales, más un número extraño de sumarios por hechos menores que se convirtieron en una especie de «caza de brujas» dentro del Servicio, empiezan a explicar por qué las situación en los penales se agravó, respecto a años anteriores.
Si a eso le suma que durante todo el 2020, el Sistema estuvo bajo una interna indisimulable y cruel entre el ex Ministro de Seguridad Marcelo Saín – que siempre buscó que le devuelvan las cárceles a la órbita de su Ministerio- y el ex Ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo. Y que de los 630 millones previstos para obras y fortalecimiento del sistema, sólo se usaron 220 millones, sin que se explique adónde fueron a parar esos recursos, se agrava.
Pero si a eso le terminamos agregando, que cumplidos seis meses del años 2021, el gobierno provincial- a través del nuevo Ministro de Gobierno, Roberto Sukerman- de los 1700 millones que tiene disponible para modernizar y equipar al sistema, ejecutó menos de 80 millones ( un 4,5% del total), entonces sí, hay una responsabilidad política inexplicable e injustificada .
Los números surgen de una denuncia formulada por la Diputada Socialista del FPCYS, Lionel Cattalini y se remiten a las planillas oficiales del gobierno provincial con corte en mayo del corriente año.
¿Cómo puede ser que la cárcel de Piñero no tenga cámaras de seguridad, mientras en la «caja» y haciendo intereses en Plazos Fijos, el gobierno guarda por lo menos 2100 millones de los 2330 que dispuso en los últimos 18 meses?
Las respuestas no llegan, ni llegarán. La lógica del ahorro y el negocio con los amigos que se ve claramente en IAPOS, en la reducción de horas cátedras, en la presión para sacar la ley de conectividad sin sustentos técnicos, la entrega del Juego On Line por decreto y en el cada vez más impúdico sistema de compras y licitaciones sin ningún control, como en el reciente caso de las motos para la policía que no responden a los requerimientos elementales de la acción de las fuerzas en la calle. Ese es el «Modo Perotti»
El sistema político, a través de la legislatura y el sistema judicial, a través de los fiscales que deben evitar entramparse en los conflictos entre miembros de otros poderes, tiene que abrir de oficio investigaciones que redunden en explicaciones y eventuales sanciones. Los funcionarios tienen que explicar lo que hacen, claro. Pero mucho más lo que no hicieron, debiendo hacerlo.
Sino todo se termina diluyendo en Santa Fe, si al final nadie exige explicaciones y se consuman sanciones ejemplares. ¿Cuales? Una destitución por ejemplo, a través de un juicio político.
¿Para tanto? se preguntará sorprendido un lector desprevenido. La respuesta es : Si. Un gobierno que no responde NUNCA a los pedidos de informes ni puede explicar el destino de los fondos públicos, ni modifica sus acciones luego de protagonizar situaciones escandalosas- las fugas son un ejemplo más que claro– o responde voluntariamente o debe ser forzado a responder.
La oposición tienen números en las Cámaras para hacerlo. Y los fiscales deben perder el miedo a pedir explicaciones.
El poder cambia de manos cada cuatro años, pero los efectos de las gestiones pueden durar muchos más. Y los que la sufren son los ciudadanos comunes. Y ellos, quieren respuestas.