Mientras las luces se enfocan en el filtrado acuerdo confidencial entre el empresario Luis Peiti y los Fiscales Edery y Schiappa Pietra, para aligerar su situación procesal y acelerar su liberación; se conoció la declaración de otro imputado en la causa, que también se «amparó» en la figura del arrepentido colaborador: el ex fiscal Ponce Asahad confesó sus delitos, acusó a Traferri, pero en un tramo de su confesión asegura que el actual ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, participó junto a otros profesionales de la abogacia, en una reunión con un juez de Venado Tuerto, para coimearlo. En esa reunión participó el mismo Peiti. Desde que Ponce Asahad dijo eso frente a los fiscales, no se inició ninguna investigación para corroborar la veracidad de los dichos.
A medida que avanza la Causa del Juego ilegal, el comportamiento de los fiscales que investigan la causa , ahora unificada, empieza a desnudar una obsesión por encontrar elementos que comprometan al senador Armando Traferri, sin cuidar las formas.
Ante la falta de elementos de prueba, eligieron el camino de proponer acuerdos a los detenidos a cambio de mejoras en sus situaciones, si cargan al legislador con todas las responsabilidades. Lo curioso es que en el camino quedan todas las otras personas involucradas en los distintos departamentos donde funcionaban casinos clandestinos, entre los que se encuentran- y a los que les secuestraron celulares cuyos contenidos nunca se revelaron- colaboradores del actual intendente de Rafaela, Castelano.
Pero el dato más grosero se encuentra en la confesión de Ponce Asahad. De acuerdo a la trasncripción de la grabación de su testimonio, el ex fiscal aseguró tener conocimiento de la participación de un «actual titular de una cartera del Poder Ejecutivo» en una visita a un juez de Venado Tuerto, para coimearlo.
Lo más curioso de este «dato» es que los fiscales no revelaron la información a la prensa, ni elevaron alguna denuncia ante sus superiores para que se iniciara una investigación. Ni contra Lagna, ni contra los letrados mencionados, ni contra el juez que presuntamente recibió la coima para liberar la zona.
De acuerdo al principio elemental de indivisibilidad de la prueba, si el testimonio de Ponce Asahad- tomado bajo la presión de estar detenido y en una situación procesal compleja- se considera veráz para acusar a Traferri, debe ser considerado de la misma manera con la figura del actual Ministro Lagna.
Los fiscales, cada vez más desprolijos en la filtración de la información confidencial que surge del MPA, cada día más expuestamente vinculados a la decisiones del ex Ministro Saín, y cada vez más decididos a utilizar cualquier método que implique a Traferri, parecen estar olvidandose de la ley.
Y si a la falta de ley se le suman voluntad política y el poder del Estado, lo que está en peligro no es la inocencia de un tal Traferri, sino la de cada uno de los santafesinos que tengan la desgracia de oponerse a Perotti y a su comandante en jefe, Marcelo Saín