La historia institucional santafesina registra varios casos de destituciones, por motivos menos graves que las que asoman en la “causa espionaje”. La legislatura santafesina se topa con una circunstancia incómoda: la obligación de constituir una comisión investigadora que determine las responsabilidades políticas, no ya de Saín- de quien se encarga la justicia- sino del propio gobernador. Una única pregunta alcanza: ¿Sabía Perotti lo que pasaba en el Ministerio?. La negativa ingenua del mandatario no alcanza. Durante casi dos años, asintió sin chistar a los comportamientos de su ministro, que se cansó de descalificarlo, al tiempo que aseveraba: “Yo soy Perotti”.
Al ex gobernador de Víctor Reviglio, Antonio “Trucha” Vanrell lo destituyó la legislatura santafesina el 29 de junio de 1990, bajo argumentos de corrupción. Se lo acusó – sin condena judicial previa- de haber organizado una compra multimillonaria de zapatillas y juguetes. La condena judicial demoró más de una década,llegó en el año 2002.
Los motivos de la remoción del “Trucha”, son nimiedades jurídicas, si se los compara con los delitos que asoman en la causa “espionaje”, que involucra al ex Ministro Saín y a varios de sus ex colaboradores. No sólo en el Ministerio de Seguridad, sino en el mismo MPA
Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de Delitos Complejos del MPA de la ciudad de Santa Fe, examinan las primeras 600 carpetas con información privada de dirigentes políticos, funcionarios del gobierno, empresarios , miembros del poder judicial, periodistas y familiares de algunos de ellos, que se hallaron en las oficinas del Ministerio de Seguridad; las especulaciones crecen. Todos los (pocos) datos que se filtran desde la fiscalía son contundentes: Lo que se está ventilando son “las primeras 600 carpetas”, y aunque no se precisa cuantas encontraron, nadie desmiente que llegan casi a 2000.
Ya se conocen algunos nombres: desde el exgobernador Antonio Bonfatti, hasta familiares de legisladores. Desde funcionarios del propio gobierno, hasta hijo de legisladores oficialistas. Desde empresarios de medios y medicina, hasta asesores de legislatura. Periodistas varios.
Más allá de las especulaciones, hay dos datos reales y concretos: Marcelo Saín utilizó durante su gestión en el Ministerio, los recursos del Estado santafesino para recolectar información sobre personas, sin autorización judicial. Y esas actividades constituyen acciones delictivas graves, que violan los artículos del Código Penal que defienden el Orden Constitucional y la vida democrática (art 226 a 228) y a la propia Constitución Nacional, de acuerdo a lo estipulado por el Art.36, luego de la Reforma del año 1994.
A todo eso se le agregan los posibles delitos de Abuso de autoridad, extorsión y amenazas, coacción agravada, que pudieran surgir del comportamiento del ex funcionario de Perotti y de todos sus colaboradores investigados.
Se omite, claro, otra causa grave que se le investiga al ex Ministro: el intento de compras de armas direccionadas a favor de una empresa israelí, contra los intereses de la Argentina Bersa.Saín cometió delitos varios, siendo Ministro.
Pasandolo en limpio: el actual asesor de Anibal Fernandez no sólo abusó del poder de ser Ministro, sino que se sirvió de manera irregular de los servicios del MPA . Alcanza con escuchar el audio judicial de su excolaboradora, Debora Cotichini, pidiendo material de escuchas para dárselas a Saín.
La conclusión es demoledora: Saín armaba carpetas para “apretar” a los espiados, o intentaba encontrar en la información privada de las mismas, algún elemento que pudiera incriminarlos. A su pesar, y al de todos los que organizan GESTAPOS en los gobiernos, el proceso es al revés: Los presuntos delitos se denuncian primero, la justicia tiene la obligación de investigar y luego incriminar.
El abuso por actividades paralelas tal vez sea muy común en empleados infieles o funcionarios inescrupulosos, pero las autoridades deben extremar los controles para que ello no ocurra y se constituya en la regla general, ya que los jueces terminan siendo rehenes -también- de la información falsa, sesgada o manipulada en perjuicio de determinados individuos, como ocurrió recientemente con un farmacéutico en la ciudad de Santa Fe en la causa Oldani. La actividad paralela lamentablemente existe, pero se debe investigar y erradicar más temprano que tarde, y ello le corresponde a las máximas autoridades del Ministerio Publico y de la seguridad en la provincia; lo contrario significa tolerar o amparar actos ilícitos y afectar la vida de ciudadanos y ciudadanas inocentes por procedimientos que, al ser ilegales luego se caen en la justicia por insustanciales, nulos, amaneados o que concluyen con condenas o arrestos a personas inocentes.
DE LO JURÍDICO A LO POLÍTICO
Antonio Vanrell, es apenas un nombre en una larga lista de destituciones que produjo la democracia santafesina desde 1983 a la fecha. También hay legisladores e intendentes que cayeron en desgracia por razones políticas, antes de que la justicia determine su culpabilidad en las irregularidades por las que fueron acusados.
En la lista aparece el ex intendente de Santa Fe y vicegobernador de José María Vernet, Carlos Aurelio Martínez, y otro que incomoda al actual gobernador porque le dio origen a su carrera política: Rodolfo Bienvenido Muriel. Aquella destitución le permitió ser intendente y hoy muchos se preguntan si su final político no terminará siendo por la misma vía.
En todos los casos, la política se anticipó a la justicia por una razón elemental que preveen las normas constitucionales argentinas y santafesinas: La posible acción ilícita de un funcionario, con pruebas irrefutables, pone en riesgo la continuidad jurídica del propio Estado. Un funcionario sospechado de corrupción, con elementos que lo prueban de manera casi plena, no puede continuar a cargo del Estado. Primero porque puede continuar en la comisión. Y en segundo lugar, porque su cargo le permite comodidades para borrar pruebas u obstaculizar las acciones de persecución judicial y política de los presuntos delitos.
¿Podía Perotti desconocer lo actuado por Saín? Aún ignorándolo es responsable político de lo actuado por su ministro. Debía saberlo y recibió todas las alarmas públicas.
Y acá va la pregunta que incomoda a todo el arco político santafesino, incluyendo al oficialismo:¿Perotti sabía, compartía , consentía o autorizaba las acciones de su ex ministro?.Durante casi dos años el gobernador fue alertado por los comportamientos de su ministro. Saín se cansó de hacer aseveraciones que lo descalificaban al gobernador, pero además siempre lo puso como escudo en sus acciones. La frase más recordada del histriónico espía fue: “Yo soy Perotti”, en respuesta a una consulta periodística a las presuntas diferencias con el gobernador en algunas de sus decisiones.
¿Podía Perotti desconocer las acciones que realizaba su ministro? Si no lo sabía, también le caben las responsabilidades del caso. Porque debió saberlo. Porque recibió todas las alertas posibles.
Perotti nunca lo desmintió y además, mantuvo en su cargo a Saín, a pesar de las públicas descalificaciones y las denuncias judiciales que ya pesaban sobre él.
Frente al escándalo, el único que habla es Saín. Perotti continúa en su absurda batalla contra la legislatura, profundizando las diferencias y guarda silencio.
En cualquier caso, aunque el contexto político y económico de la República Argentina no sea el mejor, y aunque existan miles de prioridades para la avocación de los legisladores, no está de más decir: La recopilación, manejo, producción, análisis, distribución y selección de la información extraída por medio de circuitos ilegales requiere de la más rápida intervención de las Cámaras Legislativas que deberían conformar una “Comisión Investigadora” con amplia participación de todos los bloques políticos, con amplia cobertura de la prensa y de organizaciones no gubernamentales, porque se encuentra en juego la confianza y credibilidad de las instituciones y en especial el prestigio del Poder Judicial.
Esa Comisión tiene la obligación de interpelar al propio Gobernador y constatar que es ajeno a los hechos que se investigan. De lo contrario, Perotti no puede seguir siendo gobernador de la Provincia de Santa Fe, ni un minuto más.
La posible tolerancia de “la política” a la gravedad institucional de los hechos que generó Saín a lo largo de su gestión en el Ministerio, implicaría asentir una posible repetición de los hechos, en manos de próximos funcionarios.
La legislatura debe investigar al gobernador y someterlo a las normas de nuestra constitución. La persecución judicial funciona por otro andarivel, y no necesariamente implica los mismos resultados, ni busca los mismos objetivos.
Si no se hace, si no se cumple con lo que algunos legisladores definen como “el hecho más grave contra la institucionalidad desde 1983 en Santa Fe”, estarían legitimando el espionaje y el apriete.
Si así ocurre, alguien deberá pedirle disculpas a Vanrell y restituirle su cargo post mortem. A él y a todos los destituidos en democracia. Fueron perejiles, no cabe otra conclusión.