Por primera vez en 2 años, UPCN había comenzado a despegarse de la condición de aliado incondicional del gobierno de Omar Perotti. La aparición del nombre del Secretario General en la lista de espiados de Saín y el comienzo de un duro paro en el Registro Civil, seguido de una declaración de Estado de Asamblea permanente el LIF, anunciaba la escalada del conflicto. Sin embargo, de golpe se anuncia un levantamiento de las medidas a cambio de «diálogo», sin ninguna respuesta a los reclamos. Y paralelamente se «filtra» un decreto que le otorga al gremio un subsidio de 40 millones para remodelar el predio en Colastiné y la conducción gremial queda en off-side. ¿ Acuerdo a cambio de ese dinero o una jugada de Casa Gris para desacreditar las acciones y condicionar la mesa paritaria 2022?
Desde finales del 2021 que en la conducción de UPCN hay malhumor con el gobierno, y razones no le faltan: a pesar de los vinculos carnales que se mantuvieron desde el mismo comienzo de la campaña de Omar Perotti a la gobernación, las devoluciones de favores nunca resultaron equilibradas.
Una voz autorizada del gremio no duda en afirmar que «nos comimos el costo de sostener un ajuste brutal durante dos años, y el tipo ni siquiera cumplió con las promesas públicas que salieron de las paritarias del 2020 y del 2021». A lo que agrega :»Jorge (Molina) sospechaba que detrás de algunas insinuaciones públicas de algunos periodistas, había una mano negra que pretendía imputarle vinculos con una causa pesada (Oldani). La lista de Saín, dejó en claro de dónde venían las maniobras, y todo se empezó a pudrir mal»
El romance venía en caída y uno de los principales reproches era el incumplimiento de otra promesa: subsidiar con casi 100 millones de pesos, la remodelación del camping. El acuerdo se cerró hace muchos meses, y desde Casa Gris venían dando vueltas con el cumplimiento.
En diciembre todo se complicó aún más: Los Decretos N° 3550 y 3551 de diciembre de 2021 no solo no respetaron la carrera administrativa en las designaciones que contemplaban: Los Decretos otorgaron subrogancias a diversos trabajadores de varias reparticiones del Ministerio de Gobierno sin ningún tipo de consenso y desconociendo por completo las solicitudes presentadas por el gremio y especialmente por un grupo de trabajadores que vienen reclamando una solución desde el comienzo de la gestión. Los «nuevos» ascendidos son, curiosamente, gente vinculada a la gestión, sin antigüedad y según bufan desde el sindicato » vinculados a Walter Agosto»
En el transcurso de la mañana de este 27 de enero, sucedieron dos cosas simultaneas que llamaron poderosamente la atención y que levantó la furia de «las bases» que sostienen el reclamo: Por un lado UPCN lanzó un comunidado en el que anuncia la suspensión de las medidas de fuerza que venían llevando a cabo, luego de una reunión en Rosario con la Ministra Celia Arena, bajo el frágil argumento de que «se abrió una instancia de diálogo para tratar de encontrar una solución al problema que se viene sucediendo en cuánto a la falta de respuestas a los pedidos de subrogancias efectuados en noviembre pasado y a los decretos unilaterales dictados» sin que se conozcan promesas nuevas, ni decisiones que vayan a resolver el conflicto de manera inmediata.
Por el otro, comenzó a circular de manera masiva, el decreto 0039, fechado el 19 de enero pasado, que en su resolución dice :
ARTICULO 1°: Otórguese a favor de la entidad gremial UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA
NACIÓN, CUIT N° 30-56281417-1, con domicilio en calle Rivadavia N° 2527 de
la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, la suma total de PESOS CUARENTA
MILLONES ($ 40.000.000,00), en el marco del «PLAN INCLUIR», en carácter de aporte no
reintegrable con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, con
destino a solventar gastos que demande el proyecto «Multiespacio — Club de Campo Colastiné:
Alberto E. Maguid — Etapa I», de conformidad con los fundamentos expresados en los
considerandos del presente decisorio, el que se realizará en función de la disponibilidad
financiera.
Por un lado se hace público un acuerdo del año pasado que la opinión pública desconocía. En segundo lugar, se otorga bajo el paraguas del PLAN INCLUIR. Un fantasmagórico programa que pretendió suceder al PLAN ABRE, pero que se convirtió en un mecanismo de ayuda discrecional a los amigos del gobierno.
El Plan INCLUIR, en sus objetivos dice taxativamente: «es un dispositivo multiagencial y multiministerial que se lleva adelante junto a municipios y al Ministerio Publico de la Acusación (MPA), con el objetivo mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas en los barrios y la población más vulnerables, a partir de una intervención integral. Tiene como eje de gestión el trabajo sobre los barrios y la población más vulnerables, los factores de riesgo asociados a la delincuencia, principalmente en lugares con mayores desventajas sociales, educativas, culturales, comunitarias, físicas y ambientales, con la incorporación de mesas participativas y organizaciones de la sociedad civil«
El decreto circuló a velocidad luz en las redes sociales, e inmediatamente todos lo asociaron a un pacto: «Vos me das la plata y yo te levanto los paros». Sin embargo desde el Gremio observan a la situación como una trampa gestada desde el gobierno para comprometer (aún más) la imagen de sus dirigentes y exponerlos frente a los trabajadores.
«Este es un acto casi de terrorismo, que empezó con los decretos inconsultos, que siguió con la advertencia de Pusineri diciendonos que no iba a negociar salarios mientras no tuvieran presupuestos, y ahora nos tiran el decreto de un subisidio que se venía negociando desde hace meses, justo cuando levantamos las medidas en el Registro Civil» apunta un delegado furioso con la situación y cansado de los reproches que se levantaron durante todo el día en su contra.
En el Registro civil, las primeras voces son de profunda indignación: «Nos usaron. Si estos tipos nos obligaron a levantar el paro, porque recibieron la guita del predio, la semana que viene se pudre mal. Nosotros hace dos años que venimos asistiendo al maltrato de decenas de compañeros que fueron despedidos porque estaban contratados. Nos comimos un ajuste que no tiene antecedentes en la provincia, y el gremio nunca nos defendió. Ahora parecía que se les habían plantado, levantamos los paros para negociar y nos enteramos de este subsidio para el predio. Es joda, y si es joda, que se banquen la que viene»
En calle Rivadavia por ahora no hay voces oficiales ni comunicados que expliquen la situación. Algunos creen que es mejor dejarlo pasar y esperar que la espuma baje. Otros, en cambio, creen que llegó la hora de romper con el gobierno.
«Molina no puede permitir este manoseo. Los tipos lo espiaban, le quisieron imputar un delito grave. No le cumplieron con ninguna de las promesas y el gremio está más desfinanciado que nunca. Así como van las cosas, no tiene ninguna chance de ganar las elecciones del gremio. Lo cagaron. Y varias veces. No entiendo qué está esperando» dice el delegado furioso.
«Después, los que ponemos la cara somos nosotros»