La elección del cargo que ocupa el representante de la comunidad en el Concejo de Administración del Hospital provincial «Gumersindo Sayago» de la ciudad de Santa Fe, desató una serie de irregularidades que dejan en evidencia, una vez más, la utilización de los organismos de salud, cómo refugio y aguantadero de punteros políticos del oficialismo provincial. El ocultamiento de sus incompatibilidades para acceder al cargo puso bajo la lupa a la elegida, que contó con las complicidades de la Representante del Estado, la anuencia de la directora del Hospital y la falta de controles de varios funcionarios del Ministerio de Salud. La furia de la ministra, que pidió que «se hagan cargo» del asunto y ya inició una investigación para que concluya con remociones urgentes.
El acceso a los cargos en el estado debe perseguir, al menos de manera disimulada, el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente. No sólo de quien empieza a recibir el beneficio de un salario, sino – especialmente- de quienes esperan que, desde esos cargos, se resuelvan los problemas que abundan. Esto vale para cualquier área del Estado, mucho más si se trata de salud pública.
En la provincia de Santa Fe, los hospitales son administrados por un Concejo que tiene representación del propio Estado, de los profesionales que lo componen, de los Gremios y un representante de las «organizaciones institucionalizadas de la comunidad». Esta descripción genérica de la ley, ocasiona siempre discusiones sobre la legitimidad de las Asociaciones intermedias que tienen voz (y especialmente voto) en la elección del cargo.
Desde que asumió la actual gestión de salud, hubo un manifiesto esfuerzo por «ensanchar» las bases de representación de votantes, y en el caso particular del Hospital Sayago, la elección se postergó tres veces- entre Julio y noviembre de 2021- hasta que existieran los números que garantizaran que el cargo recayera sobre «alguien del palo», que reemplazara al anterior miembro que tenía origen socialista.
LA COMPAÑERA SARA, LA AMIGA DEL GOBERNADOR , LOS DOS SUELDOS Y LAS COMPLICIDADES
Sara Teresa Romero es una militante del peronismo que desde hace más de una década ocupa un cargo de asesora de planta en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde entonces, legítimamente, cobra un sueldo que supera los 250 mil pesos mensuales. Sus obligaciones laborales en el Congreso no parecen ser muchas, ya que, en julio del año pasado, aceptó presentarse como candidata de un grupo de organizaciones barriales del norte de la Capital Provincial, que rodean al Hospital Sayago.
La mujer aceptó ser candidata a ocupar un cargo en el Hospital, por el que se lleva 148.000 pesos mensuales, que salen de la recaudación del propio efector. Para poder hacerlo, violando las normas de incompatibilidad tanto nacionales como provinciales y evitando el entrecruzamiento de datos, emitió un pedido por nota al Concejo (que ella misma forma) solicitando que le permitieran «facturar sus servicios» como Monotributista autónoma.
El pedido fue acompañado por la representante del propio Estado, una amiga personal del gobernador Omar Perotti, la CPN Melina Martínez. La propia Martínez utilizó facturas de su empresa privada de Transporte- que fueron entregadas al Concejo de Administración- para pagar el «coctel» de agasajo en la asunción de su nueva compañera, Sara Romero.
Romero ocultó hasta hace pocos días (tras ser descubierta por el medio RECSANTAFE) su condición de empleada de planta en el congreso. Lo ocultó durante la campaña, lo ocultó al momento de asumir el cargo y ahora lo admite, alegando que «los tiempos de ambas actividades, le permiten cumplir con las dos funciones», como si en el medio, no existieran normas. El argumento fue apoyado por la directora del Sayago, la Dra. Claudia Mairone, en una asamblea del personal convocada este lunes 31 de mayo en los jardines del nosocomio. Allí la máxima autoridad del Hospital admitió que desconocía que Romero tuviera otro cargo, pero lo calificó como «un asunto de su vida privada» que (sic) «circula como un rumor»
Lo escandaloso del asunto es que Romero, para obtener formalmente su designación, necesitó de un expediente que pasó por todas las oficinas del Ministerio de Salud y derivó en una resolución de la propia ministra Sonia Martorano, fundada en el «cumplimiento de todas las normativas». Allí se dice claramente que, tanto la secretaria de Entes Comunitarios, a cargo de Oscar Ponce, y la de Asuntos Jurídicos, comandada por el Subsecretario Legal y Técnico, Dr. René Alzugaray, dieron sus dictámenes favorables, y aseguraron «la legitimidad de la designación». La ministra, explican desde el Ministerio, confió en las acciones de sus inferiores, pero especialmente de las acciones de la propia directora del hospital y de la Representante del Estado, que debieron impedir no ya el nombramiento de Romero como Representante del Estado, sino su candidatura para el cargo.
La situación se agravó en las últimas horas, por la denuncia presentada en Fiscalía, por quien fuera su rival en las elecciones de noviembre, Alejandra Ironici. Tras conocerse los detalles de la situación, Ironici se presentó para exponer la comisión de un delito flagrante en la órbita del hospital y pedir la inmediata intervención del concejo del hospital.
En el texto de la denuncia, se expresa: «Nadie es Ingenuo si se tiene las Herramientas del Conocimiento y esto se llama FRAUDE O ESTAFA AL ESTADO, al igual que cuando uno elige ser POLÍTICO FUNCIONARIO Y CARRERA ADMINISTRATIVA DENTRO DEL ESTADO sabemos que nuestra vida deja de Ser privada para ser evaluada en todos los ámbitos. Yo me presente a un Proceso Leccionario pensando que se era HONESTO TRANSPARENTE Y SE OBRABA DE BUENA FE, y no fue Así. Por tal motivo Solicito a Fiscalía medie para INTERVENIR EL CONCEJO DE LA ADMINISTRACIÓN hasta que se evalué todo lo declarado, aportando las pruebas necesarias a tales efectos y que no quede en la nada porque si no todos avalamos que la CORRUPCIÓN y la MALICIA priman en la sociedad en que vivimos»
A pesar de la denuncia penal, de los propios reproches puertas adentro del ministerio, y del enojo manifiesto de los empleados del hospital, tanto Sara Romero como Melina Martinez, se niegan a presentar sus renuncias, que ya le fueron reclamadas a viva voz desde distintos ámbitos del Ministerio. Otro tanto ocurre con la Directora del Hospital, que eligió el silencio, luego de su poco feliz intervención en la asamblea, que adjuntamos en la nota.