Casi dos años después del decreto que otorgó la explotación del Juego por dinero en su modalidad virtual en la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba hizo públicas las condiciones a través de las cuales se licitará el mismo sistema de juegos de azar en línea. En Santa Fe no hubo ley, ni compulsa, ni se aceptaron las observaciones del Tribunal de Cuentas. El negocio, según la licitación de los cordobeses, asciende a más de 16.000 millones de pesos anuales. Los aportes a la campaña de Omar Perotti de un empresario del juego, que derivó en una persecución jurídica-política contra legisladores.
Nadie dirá que Córdoba es la panacea de la institucionalidad. Sin embargo, las diferencias con la provincia de Santa Fe, en la organización y concesión de un asunto tan delicado y peligroso como el «Juego on line», parecen ubicar a las provincias en de dos mundos distintos.
No es que Córdoba haya hecho algo excepcional; sino que la precariedad jurídica, la desprolijidad y la discrecionalidad administrativa con la que el gobernador de Santa Fe «resolvió» el tema, sólo puede ser comparada con los mecanismos de corrupción de la Costa Pobre de Alberto Olmedo.
Mientras al gobierno de Juan Schiaretti el proceso le demandó un largo camino legislativo hasta sancionar a finales de 2021, una ley que reguló el juego on line en toda la provincia, en el que no faltaron fuertes enfrentamientos entre partidos políticos, organizaciones religiosas y especialistas en ludopatía, en Santa Fe apenas bastó un decreto del primer mandatario, en plena parálisis de la administración pública por la emergencia sanitaria.
En plena pandemia, con la administración provincial paralizada, mientras morían centenares de santafesinos a causa del COVID19, que todavía no tenía vacuna y mientras la economía sufría un impacto del que todavía no alcanza a recuperarse, el gobernador de la Provincia de Santa Fe se hizo tiempo para mandar redactar un decreto, con dos dictámenes técnicos de sus propios funcionarios y el 21 de septiembre de 2020, firmó la entrega por 15 años, de la explotación del juego on line, a las dos empresas que manejan los tres casinos en el territorio santafesino.
La ley de Casinos de Santa Fe no los autoriza. La ley 11.998, solo autoriza los Casinos y Bingos físicos o presenciales. El Tribunal de Cuentas, observó ese «detalle» y el gobernador – a través de su Fiscal de Estado- ordenó rechazar las observaciones, por «faltas formales». Dos legisladores radicales- Maximiliano Pullaro y Fabian Bastía- presentaron una denuncia penal en la fiscalía de delitos complejos, por violación del artículo 248 del Código Penal, abuso de poder, y el 301 del Código Penal, juego ilegal. El expediente, misteriosamente, duerme el sueño de los justos.
La licitación de Córdoba vino a despertar un asunto que desde el oficialismo consideran «cerrado», pero que, desde el punto de vista de los plazos judiciales, está perfectamente abierto. En Argentina casi todas las provincias tienen regulado por ley el juego on line, con una excepción: Santa Fe. La especial condición del juego on line, que lisa y llanamente abre «casinos en cada hogar interconectado» requiere de un tratamiento profundo, de fuertes controles tecnológicos y administrativos que demandan una enorme responsabilidad a la hora de ser regulada. Córdoba demoró años, y la gravedad del asunto, mantiene paralizado al mismo tema en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires.
Queda claro que el gobierno de Santa Fe tendrá que dar explicaciones sobre lo ocurrido, ahora o después de las próximas elecciones, donde asoma con claridad un gobierno nacido en la oposición.
EL JUEGO ON LINE Y EL JUEGO ILEGAL, DOS CAMINOS CRUZADOS Y ¿UNIFICADOS?
El diputado provincial, y denunciante penal, Fabian Bastía no duda: » Acá se cometió un ilícito y grave, desde la función pública. Córdoba los deja al desnudo. Ellos sancionaron una ley, dividieron la concesión en 10 unidades, y se lo están disputando los principales operadores nacionales e internacionales del juego on line… Acá no sólo no tenemos ley, sino que se la entregamos a dos o tres operadores, sin que compitieran con nadie»
«Perotti violó arteramente la ley de Casinos. Nosotros lo denunciamos penalmente y además, presentamos un proyecto de ley de juegos on line, poniendo como ejemplo las 16 jurisdicciones que ya la habían regulado por ley. ¡ Acá no regulamos nada! Nos quedamos con el problema de la ludopatía que genera el juego libre, y además, no tenemos ninguna regulación fiscal sobre el tema» agrega el legislador de Evolución Radical, que no duda en vincular este asunto a otro que le quema en las manos al oficialismo: la causa del juego clandestino:
«Acá hay un condenado por juego clandestino, que en sede judicial confiesa que aportó 200 mil dólares para la campaña del propio Perotti, porque le habían prometido que le iban a dar la explotación del juego» a lo que agrega, «Si Peiti ( el condenado) dijo la verdad, y por esa verdad consiguió que le dieran un juicio abreviado y le redujeran la pena, esa verdad incluye que tanto el gobernador como el entonces senador nacional, Roberto Mirabella, conocian el aporte de Peiti a la campaña, y le habían prometido a cambio la entrega del juego. Entonces, lo que pasó acá, es que a Peiti lo mejicanearon y lo dejaron afuera del negocio. Perotti incumplió con la palabra, según lo dice el propio condenado, y se lo dieron por decreto a las empresas que manejan los casinos»
Las referencias de Bastía a las declaraciones de Leonardo Peiti no son meras elucubraciones, el video de la audiencia que define el futuro procesal del empresario (legal e ilegal) del juego, permite ver y escuchar al propio condenado, confesando los acuerdos a los que había arribado con el senador departamental Traferri y dice que (a él) «le consta, que Perotti conocía sus actividades».
En tal sentido, Bastía no duda: «Nosotros vamos a pedir la unificación de ambas causas, la del Juego clandestino y la del juego On line, nos queda claro que el decreto es la continuidad del plan del juego clandestino. Se lo prometieron a Peiti, pero se lo dieron a los casinos. El delito es el mismo, y deben ser investigadas de manera conjunta»
LA CONFESIÓN DE PEITI, Y LA SELECTIVA DECISIÓN DE PERSEGUIR A UNOS Y A OTROS, NO.
En Santa Fe hay una causa abierta sobre juego clandestino que nació- curiosamente- casi de manera paralela al otorgamiento por decreto del juego on line a los casinos. La causa involucra a un empresario del juego legal en Formosa, que reconoció tener casinos clandestinos en San Lorenzo y Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
El empresario, Leonardo Peiti, confesó los delitos luego de denunciar extorsiones de parte del ex Fiscal general de Rosario, Patricio Serjal y de otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad, que fueron destituidos al probarse que recibían dinero de Peiti para «protegerlo». La causa devino es espectáculo, que encabezó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín. El exministro- ahora imputado por compra irregular de armas e investigado por espionaje ilegal- desató una campaña contra el senador justicialista Armando Traferri, a quien acusó de ser «socio de Peiti». Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, encabezaron una embestida contra el Traferri, en clara combinación con las declaraciones de Saín y del propio Perotti.
Traferri fue socio de Perotti en las elecciones, al punto de «haber puesto» a la vicegobernadora en la fórmula, la rosarina Alejandra Rodenas. El senador, a la hora de defenderse, acusa al gobernador y al exministro Saín, de haber montado la operación del juego clandestino, para romper el poder que mantiene su bloque en el senado provincial.
Traferri casi fue detenido en una audiencia realizada en la sede del senado con la participación de los fiscales que procuraron quitarle los fueros, para poder seguir investigándolo. La decisión del cuerpo de senadores fue defender a Traferri, ante lo que consideraron una «acusación sin pruebas».
Algo es cierto: Traferri nunca negó su relación de amistad con Peiti, pero los fiscales nunca pudieron probar que existiera una sociedad entre ellos. Lo otro: Peiti reconoció ser socio de otro operador del juego ilegal en Rafaela, David Perona. Los «casinos» de Perona funcionaban bajo habilitación municipal del todavía intendente de la ciudad, Luis Castellano. El lord de Rafaela es hombre de extrema confianza de Omar Perotti, del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo y del actual ministro y hombre fuerte del ejecutivo, Marcos Corach, que mientras se habilitaban los casinos de Perona, era secretario de gobierno de la municipalidad de Rafaela.
Los fiscales de la causa fueron muy cuidadosos: mientras a Traferri – enemigo de Perotti- lo persiguieron de manera pública, nunca se detuvieron en las declaraciones del máximo imputado, Leonado Peiti, que confesaba sus delitos y los vinculaba.
Lo del juego on line en Santa Fe, era un asunto que el propio gobernador tenía en agenda secreta durante su campaña electoral, al punto que el condenado empresario del juego, Leonardo Peiti, confesó haber aportado más de 200 mil dólares para la campaña del gobernador, a cambio de la promesa de concederle el sistema. Perotti cambió de operador, pero cumplió con el plan: entregó un negocio de más de 16 mil millones de pesos al año, y nadie sabe mucho más que eso.