La resolución 692 del ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna, confirmó lo que muchos sospechábamos: que aquel empleado de planta, con cargo político agregado en la secretaria Comercio Exterior, que fuera «despedido» por su inexplicable participación en la organización de una fiesta descontrolada en el bar comedor del Country Aires del Llanos de Santa Fe, al final… no había sido despedido.

El «pibe» Lucas José Candioti, apenas tuvo que llamarse a silencio y esperar que la tempestad de su escarnio público cesara y finalmente volver a sus tareas. Con el mismo sueldo y las mismas prerrogativas que tuvo siempre. Sin perder uno sólo de sus privilegios. No sólo sigue siendo empleado de planta, sino que su cargo como asistente técnico, le mantiene el ingreso de director que ostentaba al momento de dejarse filmar en plena pandemia, bailando y abrazándose sin cumplir con ninguna de las reglas que el resto de los mortales cumplíamos, hasta el punto de no poder darnos un último abrazo con amigos y familiares que morían.

Lucas, ahora, según reza la resolución del ministro, trabajará en Rosario. Una ciudad donde su rostro no resulta tan conocido como en la ciudad capital.

Pero el «Pibe» Candioti no es el único. El ex director de Discapacidad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Gieco, también tuvo que renunciar en 2020. Gieco, entonces, no tuvo mejor idea que convocar a una decena de amigos en su domicilio de Rafaela para celebrar su cumpleaños. Al funcionario no le filtraron fotos ni videos del encuentro, pero la «fiesta» fue tan escandalosa que sus vecinos llegaron a denunciarlo con la policía de Rafaela. Luego de un poco de negativas y resistencias, Marcelo presentó la renuncia y «desapareció».

Hasta que lo encontramos a cargo de la Unidad de Gestión Provincial de Santa Fe del «Plan Incluir», dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Gieco no perdió el tiempo en su cargo, y en abril de este año, fue denunciado por empresarios y pacientes de clínicas de atención a la discapacidad de Venado Tuerto, por direccionar los recursos de subsidios del transporte de personas con discapacidad al grupo de medicina dominante de la ciudad, que está en manos de un sobrino del exministro Ginés González García.

En las últimas horas, la UPG del «Incluir Salud» hizo ruido en los medios nacionales, porque es la provincia que ostenta mayores demoras en la entrega de recursos destinados a pagar los honorarios de los prestadores, que vienen suspendiendo sus servicios por falta de cobro.

Pero no todo termina allí: Romina Indelman era la delegada de la Regional III del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, con sede en Rafaela. Cumplía con sus responsabilidades sin muchas quejas por parte del personal, hasta que se le ocurrió «celebrar» el día del amigo de 2020, en un boliche del centro de la Perla del Oeste, con varias compañeras. En julio de 2020, las reuniones sociales estaban terminantemente prohibidas para todos, especialmente para los maestros que seguían dictando clases de manera virtual. Los chicos sin escuela, los docentes en casa, y la profesora, de fiesta en una «boîte».

La docente presentó su renuncia de manera inmediata y se la aceptaron. Por unos meses, volvió a su cargo en la dirección de la Escuela Técnica «Malvinas Argentinas» de Rafaela.

A los pocos meses, su amigo personal, el ministro «de Cosas», Marcos Corach, la reintegró a la gestión pública, en la Secretaría de Gestión de la Tecnología, dependiente del Ministerio de Gestión Pública. El mal momento que vivió, se pagó con creces: el nuevo cargo tiene bajo perfil, y un salario más importante.

Los tres casos siguen la misma lógica: Fueron funcionarios que violaron todas las normas legales y éticas durante la pandemia, se «escondieron» un tiempo, y reaparecieron ocupando cargos de igual o mejor jerarquía y salarios de los que ocupaban antes de renunciar.

Lo llamativo es que lejos de parecer castigados, los tres terminaron premiados por la gestión de Omar Perotti.

Nada de esto sorprende, ya que el «Leading Case» de esta historia, fue el resonante cumpleaños de 15 que organizó en plenas restricciones sanitarias, el secretario del Servicio Penitenciario y Pastor Evangélico, Walter Gálvez.

Gálvez, amigo estrecho del gobernador, junto a doscientas personas, le soplaron las 15 velitas a la nena en un lujoso salón del puerto santafesino.

A pesar de la publicidad del asunto, Gálvez nunca renunció. Pero tampoco es llamativo: Gálvez ostenta el récord de fugas históricas de las cárceles santafesinas en tres años de gestión y desde los penales que están bajo su control, se ordenaron decenas de crímenes.

Hace pocas horas, su flamante subalterno, director del Servicio Penitenciario, Gabriel Leegstra, reconoció haber recibido los penales «En estado de colapso y con crisis de identidad profesional» y agregó que «existe un déficit de entre un 25 a 30% de personal». Objetó el «relajamiento de la disciplina», la «falta de verticalidad» y de profesionalización. Lo dijo al asumir un servicio que tiene a Walter Galvez a cargo, desde diciembre de 2019.

El «Pastor» sigue en su cargo, y todo parece indicar que seguirá allí, hasta final del mandato.

Las fiestas en plena pandemia son una marca del funcionariado de Perotti. No lo dicen, pero los hechos hablan más que cualquier negativa discursiva.

El Team Fiesta, sigue a todo ritmo, cobrando del erario público.

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