Esa siniestra bandera colgada en la puerta de Canal 5 de Rosario debe ser un punto de inflexión, porque lo que sigue es la concreción de esas amenazas. No alcanza con repudios y promesas. No alcanza con hacer diagnósticos sobre el avance del narcotráfico, violencia y delito, y no alcanzará con nada, si el periodismo- ese mismo colectivo que hoy está amenazado de muerte- no rompe silencios que protegen la corrupción, la falta de acción y de programas, y la inexplicable procrastinación de un gobierno que, entre otras cosas, se «guarda» el 65 % del presupuesto en seguridad para ponerlos en plazos fijos.
No lo digo yo. Lo dicen las planillas oficiales que el ministro de Seguridad presentó ante la legislatura el pasado jueves 6 de octubre: En lo que va de 2022, el gobierno provincial sólo ejecutó un 30% del presupuesto asignado para la materia y además, ocupó un 1% de los 3000 millones que se le asignaron en nombre de la «Emergencia en Seguridad».
La situación no es novedosa. En 2021, sólo se habían usado el 40% de los fondos asignados, contra un 49% de 2020. Sin embargo, el presupuesto en pauta publicitaria aumentó un 7000% y se ejecutó en su totalidad y nadie se preocupó por el tema.
¿Es posible que una provincia, cuyo principal problema es la seguridad, no utilice los recursos que tiene disponibles? Es posible pero no admisible y, sin embargo, el 90% del periodismo lo subestimó. No se conocen entrevistas a funcionarios del área, ni al gobernador en los que se le reclame planillas en mano, por la mala gestión de los recursos. NINGUNA. Tampoco hay tapas de diarios que lo reflejen, ni seguimientos de portales importantes.
O sea, para el gobierno no era importante. Para la prensa tampoco.
Tuvimos durante más de un año a un ministro que se cansó de humillar a las fuerzas de seguridad, que se mofaba de los rosarinos, descalificaba a los periodistas que no le respondían y gastaba libremente 1000 millones de pesos en gastos reservados. Y buena parte del periodismo que hoy está amenazado se calló. Porque el ministro los «bientrataba»
Ese mismo ministro, Marcelo Saín, armó un esquema de espionaje contra todos los que molestaban a Perotti. Se ocupó de armar causas y ensuciar a políticos, periodistas, legisladores y empresarios que incomodaban los negocios que le preocupaban al gobernador- Juego On line y Ley de conectividad- y nadie se ocupó de denunciarlo en medios importantes.
El gobierno entregó por decreto el juego on line a dos operadores de juego, sin llamar a licitación. Y nadie hizo ruido. Ni siquiera los ejemplos de las provincias vecinas que licitaron el juego les hizo ruido. El gobierno avanzó sin que la prensa lo molestara, ni le preguntara NADA.
Saín no desarmó ni persiguió a UNA sola banda de narcos ni en Rosario, ni en el resto de la provincia. Y sin embargo, nadie le reprochaba nada.
De hecho, en Buenos Aires todavía repiten que a Saín lo «echó» la corporación política, mientras ignoran que está imputado por haber intentado estafar a la provincia en decenas de millones de dólares, en el armado de pliegos para una empresa israelí de armamentos. No lo denunció la prensa, sino la empresa BERSA, que resultó perjudicada. Por culpa de Saín y su corrupción, aquella compra de armas quedó sin efecto. A la fecha, dos años después, no se pudo comprar el armamento que se necesitaba. Algunos periodistas siguen repitiendo que Saín «tenía buenas intenciones».
Después de los escándalos de Saín, lo reemplazaron por un funcionario sin ningún conocimiento ni experiencia en Seguridad: Jorge Lagna. Pero abajo de Lagna, encima, le nombraron a una funcionaria amiga del gobernador, la CPN Ana María Morel. Y esta funcionaria se ocupó exclusivamente de ahorrar recursos: guardó un 60% del presupuesto en 2021 y a septiembre de este año, lleva sin ejecutar más del 60%, cuando quedan solo tres meses del año.
Encima, gastó apenas el 1% de los recursos extras que le otorgó la legislatura, para uso discrecional del gobernador en la materia. Y la planilla oficial muestra que hasta hoy gastaron 18 millones de los 3000, y que proyectan gastar menos de 400. ¿Estamos en emergencia? OBVIO. Pero para la prensa no es un tema importante, ya lo dijimos.
Desde las cárceles santafesinas, lo dice gritando el intendente de Rosario Pablo Javkin, se ordenan la mayoría de los crímenes que se cometen en la ciudad. El responsable del Servicio Penitenciario, se llama Walter Galvez.
Gálvez no sólo no ha sido capaz en tres años de parar el esquema de corrupción que les permite armar call-center de asesinatos a los narcos detenidos, sino que ostenta el récord de fugas de presos en la historia de la democracia. Y por si eso fuera poco, durante la pandemia, en plena restricción sanitaria, le organizó una fiesta de cumpleaños de 15 a su hija en un recoleto salón de fiestas en Santa Fe, para 200 personas.
Gálvez sigue siendo secretario del Servicio Penitenciario. Y la prensa tampoco le ha prestado mucha atención a su continuidad, ni remite demasiado a su pésima gestión.
Hoy Santa Fe tiene un ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, que es expolicía y pretende acomodar las cosas para que empiecen a funcionar. Sin embargo, cuando fue a presentarse a la legislatura, su subordinada, Ana María Morel, no quiso ir a dar explicaciones. Y Rimoldi hizo lo que tenía que hacer: pedirle la renuncia. Y ella se resistió al grito de que sólo renunciaría si se lo pedía el gobernador. Eso ocurrió el jueves pasado. Hoy, miércoles, sigue siendo funcionaria. LA MAYORIA DE LOS PERIODISTAS, TAMPOCO HABLARON DE ESO.
Santa Fe hace tres años que abandonó la seguridad pública. Lo dicen los números, lo dice la desinversión pública, lo expresan las estadísticas y lo cuentan los propios policias que hasta hace pocos días, no tenían recursos para cargarle nafta a los patrulleros.
Un dato más: en 2019, cuando Saín asumió la cartera, en Rosario funcionaban 238 patrulleros en las calles. El año pasado, se llegó al extremo de tener sólo 35. No faltaban recursos, ni había limites para hacer las compras. Y NADIE SE OCUPÓ MUCHO DEL TEMA.
Hoy, una bandera de la mafia amenaza a todos los periodistas rosarinos. Y no sólo es grave, sino que es probable que pueda ocurrir algo. En lo que va de la gestión de Perotti, ya hubo más crímenes en Rosario que en el periodo 2015-2019. Lejos de bajar, los números crecen año a año, sin políticas en marcha, ni acuerdos con el gobierno federal para desarrollar operaciones conjuntas que tengan perdurabilidad, más allá del mes siguiente a los rimbombantes anuncios.
Los periodistas, le restamos importancia a este proceso de degradación institucional que incluye las zonas liberadas para balaceras, extorsiones a pequeños comerciantes y venganzas a plena luz del día.
HOY los periodistas corren riesgo, y ese riesgo es mayor a causa de este proceso que silenciamos. Y lo hicimos porque el gobierno invirtió más dinero en publicidad que el resto de las provincias: Entre la inversión de la Secretaría de Comunicación Social y Lotería de Santa Fe, se destinaron casi 14 mil millones de pesos en 2021. Más que CABA, que PBA, y que Córdoba y Entre Ríos juntas.
Perotti no puede garantizar ninguna seguridad a los periodistas, porque no tiene politicas de seguridad para nadie. Sólo garantiza pauta, y los periodistas somos cómplices de este proceso defraudatorio de la tarea del periodismo.