El gobernador avanza como el Titanic frente al Iceberg, en el intento de designar a los futuros jefes de fiscales y defensores, por los próximos cinco años. Necesita que «su» concurso para ocupar los cargos del MPA desde abril del año próximo llegue a buen puerto, para evitarse problemas que puedan surgir en la investigación de su gestión, que termina el año que viene. Las sospechas sobre los nombres que pretenden ocupar los lugares de los jurados renunciados, y la amurallada decisión de los legisladores de la oposición: «Si no suspenden este concurso, no vamos a votar ningún pliego».

La ministra de gobierno de la Provincia, Celia Arena, contó con una ayudita de algunos legisladores opositores y «zafó» de ir a dar explicaciones en la legislatura. La decisión de Perotti de sostener en su cargo al secretario de justicia, Gabriel Somaglia, agravó las sospechas que ya había sobre los concursos que puso en marcha el gobierno para nombrar a los futuros fiscales y defensores regionales y generales.

A cambio, tuvo que recibir a todos los bloques opositores en Casa Gris y escuchar otra vez lo que desde gobierno no quieren escuchar: El concurso que organizó el (todavía) secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, tiene para la mayoría de los legisladores- incluidos varios senadores justicialistas- un fallo de origen, y aunque pueda seguir avanzando, los nombres que se propongan no pasarán por el filtro obligatorio de la legislatura.

Antes, apenas unos días antes de que la voz del secretario de Justicia de Perotti se escuchara entre los audios de la causa espionaje admitiendo que le había pedido a algunos jueces que antedataran las fechas de algunas escuchas ilegales para legalizarlas, los opositores se negaban a aceptar el mecanismo propuesto por Somaglia.

El 21 de septiembre, los bloques opositores radicales, socialistas, Juntos por el Cambio, PDP y Vida y Familia advirtieron todos juntos «la enorme preocupación en torno al proceso de concursos públicos» para ocupar los cargos que deben renovarse en el MPA. Exigieron que haya audiencias públicas para conocer el programa propuesto por los aspirantes a fiscal general y regional.

En esa manifestación, todos coincidieron en «manifestar nuestra enorme preocupación en torno al proceso de concursos públicos que comenzó a llevar adelante el Poder Ejecutivo Provincial en los últimos días». Reseñan que el 26 de agosto de 2022 mediante decreto 1538 el gobernador arbitrariamente y sin la consulta necesaria, decide modificar disposiciones referidas al Consejo de la Magistratura, cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencias y discrecionalidad al presidente del Consejo. y advierten que «a los dos días hábiles del decreto, se realiza el sorteo del jurado, a las 7 de la mañana en absoluto secreto y en pleno paro de trabajadores de ATE y UPCN, sin presencia ni control de ningún otro poder del Estado o parte interesada».

La cosa se agravó algunos días después, cuando precisamente el «empoderado» presidente del Consejo- el secretario Gabriel Somaglia, aparece en las escuchas reconociendo haber perpetrado irregularidades, para garantizar los esquemas de espionajes que llevaba adelante Saìn y su equipo.

Lejos de reconocer la situación, desde Casa Gris insistieron con que el proceso no se estaba cometiendo ninguna irregularidad, y que todo se solucionaba con «la separación de Somaglia, del proceso de selección de fiscales», sin que mediara renuncia a su cargo. Lo que no esperaban era la catarata de reacciones externas que se iban a producir, corridas las horas: Todos los jurados propuestos para que evaluaran a los candidatos a ocupar los cargos de jerarquía en el MPA a partir de abril, fueron renunciando a sus lugares.

Apenas se escucharon los audios en los que aparece Somaglia, cuatro jueces camaristas del fuero federal, que iban a participar del proceso de selección de los aspirantes a ocupar los cargos más importantes en el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, renunciaron sin dar demasiadas explicaciones. Los días fueron pasando, y mientras desde Casa Gris le negaban gravedad al asunto, se sumaron las renuncias de Sandra Valentí (camarista penal de Santa Fe),y Darío Vezzaro (docente universitario y ex fiscal General de la provincia de Córdoba). Inmediatamente se sumaron a las deserciones, la académica Ángela Ledesma y la camarista penal Martha Feijoó. Por su parte, el jurista mexicano Sergio García Ramírez nunca respondió a la convocatoria.

De todos los jurados titulares propuestos originariamente, en los concursos de Defensores, apenas sobrevivieron dos nombres: El Dr. Rodolfo Zehnder y el abogado Gustavo Salvador. Entre los suplentes, Enrique Álvarez, Gabriela Del Castillo y Carolina Hernández.

Sobre el rafaelino Zehnder caen todas las sospechas: ocupó el cargo de Fiscal Municipal en su ciudad, durante la gestión de Omar Perotti como intendente. No solo los une una pública relación de amistad, sino que fue funcionario del actual gobernador.

Sobre el suplente Enrique Alvarez las sospechas son aún más graves: fue socio de Somaglia en algunos asuntos jurídicos y es también pública, la relación de amistad que los une.

Ambos nombres fueron cuestionados por los legisladores ante Celia Arena, sin embargo la ministra no admitió los cuestionamientos, lo que agravó el rechazo de los opositores

En los concursos para elegir fiscales, entre los titulares del jurado hasta el jueves había sobrevivido a las renuncias, el nombre de Eugenio Vezaro. Sin embargo, el camarista cordobés ya anticipó que «no podrá» participar de los mismos, por «razones personales». Por lo que quedan en carrera tres nombres suplentes: María Florencia Botta, Aldo Alurralde, y el controvertido Aníbal Pineda.

Sobre Pineda, cae una objeción: hace pocos días ser excusó de intervenir en el pedido del diputado nacional Roberto Mirabella para que la causa de espionaje sobre Saín sea girada a la justicia federal, en razón de estar mencionado en algunos audios de las escuchas ilegales. El diputado radical y presidente de la Comisión de Acuerdos, Fabián Bastía fue claro al respecto: » Nos resulta extraño que alguien que aparece mencionado en las escuchas se excuse de actuar en la causa, pero al mismo tiempo pretenda ser jurado de los mismos fiscales que investigan las escuchas. Pineda, tiene que renunciar al jurado también.».

La situación de los concursos quedó demasiado embarrada, y el apuro del gobierno por continuarlos sólo se explica desde la lógica de la «necesidad». Los propios fiscales rosarinos, advirtieron con un comunicado, que el proceso debería volver a punto inicial, para salvar el honor de quienes concursarán en ellos, y para que no quede sospechado el proceso.

En las próximas horas se esperan nuevas renuncias y excusaciones. Mientras tanto, el secretario Somaglia sigue en su cargo, a la espera de lo que puede ser la «bomba» informativa de la semana: la inminente convocatoria a audiencia imputativa en la causa espionaje, que se lleva adelante contra Marcelo Saín, y en la que muchos sospechan, que Somaglia puede llegar a tener complicaciones.

Después del escandaloso paso por la legislatura, de la funcionaria administrativa del Ministerio de Seguridad Ana Morel y de la «banca» que recibió no sólo del gobernador, sino de varios funcionarios que salieron públicamente a respaldarla, en la oposición ya no dudan de que las acciones de Perotti serán las mismas en este sentido: «El necesita impunidad, y sabe, porque ya tiene denuncias penales en su contra, que desde enero del 2024, su situación judicial se puede complicar» dice un hombre de Casa Gris, intentando justificar las acciones y los escándalos.

Sin embargo, las paredes de la institucionalidad volverán a ser los límites para los intereses del gobernador. Y allí, ya no parece que existan voluntades para favorecerlo.

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