La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe debate en comisiones, un proyecto con media sanción del Senado, que plantea una modificación estructural del régimen de compras de los medicamentos en las áreas públicas. Paradójicamente, el nuevo sistema le permitiría al Estado ahorrar costos y evitar abusos, tal como los genera el sistema vigente. La presión de algunas droguerías a las que se le cierran negocios descentralizados, y la ausencia de controles, que permiten el funcionamiento de un mercado negro, financiado por el propio estado.

Una ley genera un debate raro en la legislatura santafesina: ¿Debe o no el Estado intervenir en la compra, la distribución y el control de la calidad del mantenimiento de los medicamentos que recibe la sociedad de los efectores públicos?

La respuesta obvia es si. La otra pregunta entonces es ¿por qué algunos sectores – invisibilizados, pero con letra directa en portales santafesinos y rosarinos- han instalado una campaña contra su sanción?

La acusación de que la ley, en caso de sancionarse, conduce a un proceso “privatista y monopólico” del sistema, llama la atención porque es precisamente la creación de un Unidad Ejecutora absolutamente pública, dependiente de dos ministerios, de Salud y Economía, la eventual responsable de conducir el nuevo proceso.

La sensación que vuela en los pasillos de la legislatura es que el nuevo esquema, viene a romper con algunos negocios históricos que funcionan especialmente en las localidades sin grandes estructuras estatales, cierra algunos grifos de libre disponibilidad de la medicación que termina en el mercado negro o en algunas farmacias “amigas” de quienes gestionan las licitaciones y las compras, y especialmente, termina con un sistema de dominio de algunas droguerías en algunas zonas de la provincia.

EL SISTEMA QUE RIGE, LOS AGUJEROS NEGROS Y LA “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Veamos: El sistema vigente en la provincia, con excepción de IAPOS y obviamente el LIF (el laboratorio público de medicamentos), le permite libremente a casi todos los efectores de salud, la compra de los medicamentos que necesitan para “cubrir la demanda”. Cada hospital, cada Centro de Salud de mediana complejidad y cada SAMCO, reciben presupuestos para comprar la medicina que necesita, con la excepción de aquellas que reciben de manera regular por las vías del LIF ó de algunos planes nacionales.

Hoy, las compras son solicitadas por cada uno de los hospitales y SAMCOs de la Provincia de forma autónoma y desarticulada. El Estado provincial no tiene parámetros para saber exactamente qué compra cada efector, ni sabe si las compras que se terminan efectuando, responden efectivamente a criterios de consumos necesarios. De hecho, no existe un seguimiento del consumo, en contados casos se adjuntan auditorías previas o posteriores a cada compra.

Este “caos”, impide entre otras cosas, aprovechar las ventajas que tiene el Estado provincial, con sus propias licitaciones, que en general terminan superponiéndose.

Otro defecto, y grave, con una penosa historia en la provincia, es la ausencia de sistemas que permitan a los efectores, la tenencia y depósito por largos períodos de la medicación licitada. Los Samcos no son lugares preparados para su cuidado y la pandemia, entre otras cosas, desnudó esa fragilidad.  Además, algunas medicaciones de alto costo, oncológica o para tratamientos especiales termina “guardada” en depósitos no preparados para eso.

Los medicamentos que “se pierden” o directamente se vencen, terminan generando una duplicación de los costos para el propio Estado, que repite las compras. En este punto, el dinero público termina beneficiando a las droguerías privadas, que duplican la venta, en muchos casos de medicamentos vencidos, por falta de demanda. 

Otro aspecto que no se controla adecuadamente es la “faltante” sorpresiva de medicamentos comprados. ¿En manos de quien queda la administración, el inventario y la rendición final de la entrega de los medicamentos? ¿ Quién controla las faltantes, que pudieran ocurrir por robo? ¿Quién establece un seguimiento de esos “pequeños” y constantes desaguisados, que acumulan millones y millones de pérdidas anuales para el Estado santafesino?

Finalmente, y quizás aquí nos encontremos con un imperdonable atraso, que revela la falta de inversión pública, especialmente en sus esquemas de controles, no existe un sistema digital que le permita a la propia provincia o a los beneficiarios, saber en tiempo real, a través de un sistema tecnológico centralizado, si hay o no faltante de algunos medicamentos, o en el caso de los pacientes, saber si puede o no ir a retirarlos, lo que genera colas y destratos imperdonables para el ciudadano.

Otro tema es el uso – que revelamos en varias oportunidades- de los Samcos, como “consultorios mixtos”, donde los directores terminan atendiendo a pacientes particulares, cobrando aranceles o entregando los medicamentos que tienen destino público.

Nada de eso, tiene regulación estatal. Nada de eso, se resolvió en esta gestión, y tampoco en las anteriores.

LA SOLUCIÓN “MICHLING”

La responsabilidad de licitar, comprar, y gestionar el adecuado uso y mantenimiento de los medicamentos, queda en manos de un grupo de particulares: En general, los miembros de los Concejos Directivos de los Hospitales o los propios directores de Samcos, que terminan, en muchos casos, administrando de manera discrecional, el destino de esos medicamentos.

En los considerandos del proyecto, el Senador Felipe Michling cita dos ejemplos de su propio departamento- HOSPITAL SAN GREGORIO Y SAN GUILLERMO, y uno del Departamento La Capital, en Barrio los Troncos de la Ciudad de Santa Fe, y sólo a modo de ejemplo. La situación se multiplica por centenas, a lo largo y ancho de la bota provincial.

El proyecto, contrariamente a lo que argumentan los voceros mediáticos que se oponen a su sanción, NO MODIFICA EL SISTEMA DE LICITACIÓN VIGENTE. Lo que plantea es la integración de la provisión de medicamentos, que incluye su compra, a través de un sistema centralizado “on line”, que permita seguir minuto a minuto, las prescripciones, licitaciones, administración y suministro de medicamentos del sector público.

Además, el organismo será enteramente PÚBLICO. El propio proyecto establece la necesidad de un decreto reglamentario que marque la implementación, y establece los principales objetivos del nuevo sistema, que remarca las innovaciones tecnológicas y digitales para una mejor validación, prescripción electrónica, y auditoría de tratamientos médicos, un mejoramiento en la dinámica de adquisición, administración y distribución de medicamentos, y un dato que quizás sea el más incómodo para quienes se niegan al cambio: la ampliación de  la red de prestadores de medicamentos del sector público.

Otro dato que termina “preocupando” a algunas droguerías que se vienen beneficiando con el caos de licitaciones aisladas, es la posibilidad que ofrece el proyecto de multiplicar las bocas de expendio, realizando una integración con las farmacias de toda la Provincia, para garantizar el pleno acceso a los medicamentos, no como solamente en la actualidad establecidos en hospitales y SAMCOs.

Finalmente, el proyecto propone integrar esquemas y tecnologías de provisión con el resto de los financiadores de la salud y productores de medicamentos, especialmente con el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y el Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E., con la participación de las asociaciones profesionales que integran el proceso de provisión, muy especialmente médicos y farmacéuticos.

LAS PREGUNTAS DEL FINAL

¿A quién incomoda que la Provincia pretenda tener un sistema moderno, ágil, controlado, accesible y sin agujeros negros? Los argumentos, al menos hasta ahora, resultan mendaces y confusos.

Se trata de un perjuicio para quienes se vienen beneficiando del Estado frágil y fuera de control. Y del fin de un conjunto de privilegios, que terminan siempre, quitándole a los legítimos beneficiarios de los medicamentos, un derecho elemental.

La respuesta es obvia, y no demanda mucha imaginación. Se trata de leer la lista de droguerías que se han quedado con la mayoría de esos “negocitos”, y de establecer quienes las ayudaron a consolidar esos verdaderos monopolios.

También, se trata de pedir en cualquier kiosco santafesino un medicamento, y la respuesta estará también a mano: ¿Quién recauda con la distribución de «mercadería» de exclusiva venta en farmacias?

Hay una sanción en espera. Ojalá, los intereses no puedan más que las necesidades del Estado.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.