Los que no somos de Rosario y nos informamos por los medios tradicionales, durante varios años, estuvimos convencidos de que, a Franco Casco, un pibe del conurbano bonaerense que estaba visitando a unos familiares en la ciudad, lo detuvo la policía de la seccional 7ma, lo golpearon y lo mataron un grupo de policias, y finalmente lo arrojaron al río Paraná, donde su cuerpo apareció flotando.

Todos creímos que había sido así, y especialmente desde 2017- cuando se produjo la detención de 31 oficiales- tuvimos la casi absoluta convicción de que los organismos de DDHH de Rosario, y los referentes que encabezaban todos los reclamos de justicia, llevaban una investigación honesta, con el objetivo de saber la verdad.

Lo que pasó después, lo que se está ventilando en el juicio federal, lo que dicen las pruebas y finalmente, la «retirada» silenciosa de los medios que instalaron el tema, casi como una condena, y no lo volvieron a abordar más, empieza a dejar en evidencia todo lo contrario: Que la causa era armada, que nunca hubo ninguna certeza sobre los hechos que dieron por probados, que Franco no murió en la comisaria y que durante seis años, hay por lo menos 10 policías de la provincia que están purgando cárcel sin ninguna razón de peso.

Los nombres de los «acusadores» se emparentan mucho con los nombres que defendieron el esquema de espionaje ilegal que sostuvo desde el Estado, el exministro Marcelo Saín. Los modos en los que la causa se fue empujando parecen más el relato de un grupo que arbitrariamente usó el cadáver de un chico, para someter a un grupo policial, y finalmente, para imputarles el crimen a ellos, y a través de ellos a un adversario político.

Todos estos datos se revelan con contundencia en el libro CAUSA ARMADA, de Hugo Álvarez. Un artista que vivía en España y que retornó al país para abocarse a la defensa de su hermano, acusado de ser el principal responsable del crimen. Hugo viene batallando con el expediente y las pruebas, y defendiendo a capa y espada la inocencia de su hermano, el comisario a cargo de la comisaría. El trabajo es minucioso y deja en claro tres cosas: Que el cuerpo de Franco, luego de diversas pericias, nunca tuvo rastros de haber sufrido violencia. Que la causa de la muerte de Casco, y a esto lo corrobora ni más ni menos que el Equipo de Antropología Forense, fue por ahogo; y lo más impactante: que una filmación del 8 de octubre de 2014, dos días después del presunto crimen en la comisaría, lo muestra a Franco Casco caminado en las cercanías de la cancha de Rosario Central, muy cerca del río.

 

Ese libro, que intenta revertir la «sentencia mediática» instalada por casi la totalidad del periodismo rosarino, es una pequeña edición que circula en PDF y con pocas copias en papel. Que va siendo presentado, como se puede, en distintos puntos de la provincia y el paìs, buscando sumar voces a la defensa de los acusados.

Este miércoles 5 de abril iba a ser presentado en Santa Fe, en la biblioteca popular Bica. Y apenas unas horas antes de que se produzca el encuentro, los directivos de la institución, le enviaron al autor un mensaje cancelando el préstamo de la sala, sin aducir motivos, sin explicar las razones.

Lo cierto es que la Biblioteca, forma parte de una red de Bibliotecas Populares que responde al oficialismo nacional, y en concreto a los sectores del Kirchnerismo que apoyaron la «tesis del homicidio de Casco», y todo parece indicar que bajaron una orden o al menos una «recomendación» para que no se realizara esa presentación en Santa Fe.

El hecho, le agrega elementos a la propia causa:

¿Quiénes están preocupados por la ventilación de los verdaderos hechos que rodearon a la muerte de Franco?

A medida que uno se acerca a la causa, a medida que uno se va informando sobre el tema, va encontrando hilachas de una red de complicidades que incluye a personajes que se han ganado visibilidad pública con genuinas defensas de los DDHH, y que, con el tiempo, especialmente con el paso de algunos de ellos en el poder del Estado, terminaron violando los derechos de muchos.

Empezando por el propio Franco, cuyos familiares nunca sabrán cómo y en qué circunstancias murió. Y los de decenas de familias santafesinas que han sufrido, por lo menos, 6 años de prisión injustificada.

Al libro lo vamos a presentar la semana que viene, donde sea y cómo sea. Raro resulta, que en plena democracia, tengamos temor de las acciones de quienes deberían estar bregando por justicia, y no persiguiendo el oscuro objetivo de la condena para quienes, en principio, cada vez con más claridad, no fueron responsables de lo que se los acusa.

 

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