OICSA es una empresa constructora que tiene al menos tres denuncias penales, dos condenas en primera instancia, y un acuerdo de «Probation» en la provincia de Entre Ríos. En esta última, la empresa reconoció, junto a otras, haber cobrado sobreprecios, y firmó un acuerdo judicial que la obliga a desembolsar 8 millones de pesos en concepto de reparación, a cinco instituciones de bien público de la capital entrerriana. El gobierno provincial le otorgó dos obras en el «Santa Fe + Conectada» en dos resoluciones, abril y junio de 2022, fechas en las que ya se conocían las denuncias, por un monto superior a 15 millones de dólares.
La «obra emblemática» de la gestión de Omar Perotti se llama «Santa Fe+ Conectada» y a pesar de las dificultades que tuvo para explicar los montos a invertir, consiguió que se sancione una ley que le permitió tomar deuda pública en dólares para llevarla adelante. El vulgarmente conocido «Plan de conectividad» planteó un presupuesto de 124 millones de dólares, cuando otro proyecto similar del diputado radical Alejandro Boscarol, sólo contemplaba un costo de 20 millones, para cumplir con los mismos objetivos
La ley finalmente fue sancionada, y el gobierno puso en marcha el proceso de licitación. Las primeras resoluciones conjuntas de los ministerios de economía y de gestión pública- Walter Agosto y Marcos Corach, se dictaron en abril y Julio de 2022. En ambas, se le otorgan a la empresa OICSA- ORGANIZACION INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA- las obras licitadas: en abril, se la contrata para prestar el SERVICIOS DE RELEVAMIENTO, ESTUDIO, DISEÑO, INGENIERÍA, ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RED DE DATOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, por una suma de U$S 1.993.739,51.- y en Julio, se hace lo propio por SERVICIOS DE RELEVAMIENTO, ESTUDIO, DISEÑO, INGENIERíA, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, PROVISION Y TENDIDOS DE TRAZAS DE FIBRA OPTICA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO, y B) SERVICIOS DE RELEVAMIENTO, ESTUDIO, DISEÑO, INGENIERIA, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, PROVISION, IMPLEMENTACIÓN y MANTENIMIENTO DE UNA RED DE DATOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, por una suma de U$S 13.268.021,00.-
En total, OICSA, recibe la adjudicación de obras por algo más de 15 millones de dólares. Sin que se haya observado, ni en la presentación de los pliegos, ni en la lectura de las ofertas, ni finalmente en la adjudicación, los antecedentes penales de la empresa.
Y en esas fechas, los procesos penales iniciados y en algunos casos provisoriamente concluidos contra OICSA, ya eran de público conocimiento. Lo que no solamente implica un incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de los dos ministros y el gobernador, sino que contraviene de manera explícita a Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe 5.188/60, Modificatoria Ley 5.239/60 y su decreto Reglamentario, que dice con absoluta claridad que la empresa NO PUEDE SER NI PROVEEDORA ni mucho menos ADJUDICATARIA de NINGUNA OBRA LICITADA POR EL ESTADO SANTAFESINO
ANTECEDENTES DE OICSA EN ENTRE RIOS Y UNA RESOLUCIÓN FIRMADA UNA SEMANA DESPUÉS DE LA «PROBATION»
1. CAUSA MERCOSUR
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.
El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes -fallecido en octubre de 2021- con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de Vialidad fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Los montos del «Operativo» no cerraron y en 2019, se inició una causa penal que involucró a los funcionarios entrerrianos y a los empresarios que formaron parte del acuerdo. En la investigación penal, el fiscal Juan Francisco Malvasio imputó los siguientes hechos: “Miguel Marizza, en su triple carácter de presidente de la firma Caballi S.A., representante de la Cámara Argentina de la Construcción en el marco del denominado Convenio de Colaboración para la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, Néstor Ivan Szczech, como contratista y Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, Daniel Anibal Hereñú, en su carácter de presidente de la firma Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA), Rubén O. Grasso, en su carácter de socio gerente de la firma Cemyc S.R.L., y Alicia Benitez de Feltes actuando como Coordinadora General de las obras/servicios y provisión de bienes para la Cumbre del Mercosur, defraudaron al Estado Provincial en la suma de $ 10.581.875,40. Para ello, en el marco de las contrataciones directas de bienes, servicios y obras efectuadas en violación de los principios de contratación pública, realizadas para el desarrollo la Cumbre de Presidentes del Mercosur 2014, llevadas a cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, entre los días 14 y 18 de diciembre de 2014, y aprovechándose del convenio de colaboración celebrado entre el Estado Provincial y la Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Entre Ríos-, los contratistas aumentaron los valores de bienes, servicios y obras desproporcionadamente en relación a los de mercado, a los efectos de apoderarse de ese excedente, produciendo un perjuicio patrimonial que se tradujo en un provecho económico manifiesto para los encartados Marizza, Szczech, Hereñu y Grasso”.
Y agrega: “Así, mientras los últimos mencionados se encargaban de presupuestar y formalizar las contrataciones, la citada Coordinadora Benítez de Feltes aprobaba administrativamente las cotizaciones con pleno conocimiento de los sobreprecios mencionados, omitiendo, de manera deliberada realizar los controles legales requeridos para establecer que estas fueran las ofertas más convenientes a los intereses estatales. De esta manera, se produjeron de forma sistemática, contrataciones directas, por la suma total de $42.954.618,25”. Entonces, el daño al erario provincial, con la cotización de 2014, fue de 3.375.000 dólares
En junio del año pasado, 2022, los cuatro empresarios imputados por el delito de defraudación a la Administración Pública por un monto superior a los $10 millones aceptaron que hubo sobreprecios y acordaron pagar, cada uno, una reparación al Estado de $500 mil -una suma total de $2 millones-, más otros $2 millones a distintas instituciones de la ciudad por cada uno de los cuatro: totalizan $8 millones. La suma de la reparación así da $10 millones.
La jueza de Garantía Marina Electra Barbagelata refrendó el acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores para la suspensión del juicio a prueba a favor de los empresarios de la construcción Miguel Ángel Marizza, de Caballi Construcciones; Néstor Iván Szczech, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, actual vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, titular de la firma que lleva su nombre; Daniel Aníbal Hereñu, titular de la firma Organización Industrial Construcciones SA (Oicsa); y Rubén Oscar Grasso, de la firma Cemyc SRL, por el término de dos años.
La titular de Vialidad, Alicia Benítez, al ser funcionaria pública, no pudo acceder a ese beneficio y su situación judicial será resuelta por otra vía.
2. CAUSA LARROQUE
Desde la asunción de la administración de Cambiemos a cargo de Darío Benedetti se concretó una auditoría interna en la Municipalidad de Larroque por supuestas irregularidades. Los auditores externos detectaron que la obra de pavimentación de 14 cuadras adjudicada en forma directa y sin licitación a OICSA contemplaba un pagó total de 13 millones de pesos, es decir, cada cuadra costaba cerca de un millón de pesos.
El sobreprecio que se denunció en 2016 rondaba entre un 100 y 150 por ciento del valor real de la obra y se habría facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales, según la denuncia formulada por Darío Benedetti.
La obra era financiada por el Ministerio de Planificación de la Nación, entonces a cargo de Julio De Vido, quién celebró un convenio con Riganti en mayo de 2015, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda, para la construcción del asfalto por un monto de 21,6 millones de pesos. La denuncia original de Darío Benedetti relata que, mediante una resolución del presidente del Concejo Deliberante, y sin aprobación del cuerpo legislativo, Riganti evitó llamar a una licitación pública, en contra de lo que determina la ordenanza de compras del Municipio, y otorgó la obra mediante un simple concurso de precios.
Curiosamente, no se convocó a ninguna empresa de la zona, ni tampoco a las firmas registradas en el listado de proveedores de Larroque. Riganti invitó a cotizar a OIC S.A; a Néstor Szczech; y a L y Construcciones SA, tres de las principales contratistas de obra pública en el gobierno delexmandatarioo Sergio Urribarri. La auditoría externa aportó un dato que revela una “puesta en escena” en el concurso de precios donde OIC SA cotizó la cifra más baja: la adjudicataria contrató el seguro de caución por mantenimiento de oferta el 17 de abril de 2015, esto es, 54 días antes del dictado del decreto que llamó a concurso de precios y fijó el presupuesto oficial.
En otras palabras, OICSA estaba en conocimiento, dos meses antes, que la Municipalidad de Larroque convocaría el 11 de junio de 2015 a un concurso de precios para la construcción de 14 cuadras de asfalto con un presupuesto oficial de 21.645.121,95, para así contratar un seguro de caución de mantenimiento de oferta del 1 por ciento exacto calculado sobre dicho presupuesto.
Seis años después, en marzo de 2020, y al borde de una condena penal, la empresa OICSA reconoció los sobreprecios y aceptó un acuerdo judicial con la comuna por resarcimiento: La Municipalidad de Larroque y la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA) pusieron fin al pleito judicial que entablaron en el marco de la causa civil por el sobreprecio en la obra de asfaltado de 14 cuadras, durante la gestión de Raúl Riganti (PJ), entre 2011 – 2015.
Ante el reconocimiento del delito por parte de la empresa constructora, el diputado radical de Gualeguaychú Nicolás Mattiauda cuestionó al Concejo Deliberante de Larroque por haber aprobado, con el voto del oficialismo, un convenio entre OIC S.A. y la Municipalidad en el que las partes acuerdan desistir del reclamo económico entre sí y reconocen que el saldo de la cuestionada obra de las 14 cuadras de pavimento es de $7.800.000 y no de $12.500.000. y reclamó que la Empresa sea retirada de la lista de proveedores del estado entrerriano: una petición que fue rechazada por todo el bloque del Frente de Todos
3. CAUSA SEGUÍ
En Seguí, la historia fue más o menos la misma: La empresa OICSA resultó beneficiada en una licitación para hacer algunas cuadras de asfalto para la ciudad. Al comienzo de la nueva gestión municipal en diciembre de 2015, se detectaron sobreprecios por una suma que oscilaba los 10 millones de pesos, entonces algo más de un millón de dólares.
La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí. La obra tuvo un presupuesto de más de 20 millones de pesos, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los 9,5 millones de pesos y los 13 millones de pesos.
En el legajo de remisión de la causa a juicio, los fiscales sostienen que cuentan con “elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados”.
Los acusados, además del intendente Treppo, son: la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA, la misma empresa que estuvo imputada en la causa de la Municipalidad de Larroque), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.
Otra vez, y ante la casi certera condena por corrupción, OICSA optó por «un acuerdo» en el que reconoce la existencia de sobreprecios, y se comprometió a pagar «los daños» causados.
LOS DECRETOS DE CORACH Y AGOSTO, UNA SEMANA DESPUES DE LA PROBATION
Todas las resoluciones judiciales en las que están involucrada la empresa OICSA, están notificadas a todos los organismos públicos de las provincias argentinas. Por lo que, al menos desde 2020, la empresa debería estar excluida de cualquier competencia de precios en la provincia de Santa Fe.
Sin embargo, OICSA, permanece intacta en la lista de proveedores de la provincia de Santa Fe y además, resultó beneficiaria de al menos dos contratos para la obra de «conectividad».
Lo curioso es que las dos resoluciones fueron firmadas por los ministros Marcos Corach y Walter Agosto, apenas una semana después de la ruidosa probation firmada por la jueza Marina Barbagelatta, por la denominada causa MERCOSUR.
¿Podían ignorar los dos ministros, los antecedentes penales recientes de OICSA? En principio NO. Ni podía la empresa presentarse a competir por las obras.
Sin embargo, tal como lo reflejan las resoluciones, no sólo les aceptaron la participación, sino que le otrogaron casi 15 millones de dólares.
¿ Se repite la historia de Entre Rios?
EL INFORME DE RECSANTAFE