Vicentín: No aprendimos nada.

Al final, otra vez «la gente» en las calles, el reproche que se consuma en alaridos que argumentan, otros que dejan caer la baba de la rabia, otros que mezclan los motivos y proyectan lo que creen que será, que no és, pero ellos están seguros que será. Otra vez, la TV mostrando en cuadraditos las imágenes de manifestaciones disimiles, unidas por un sólo punto: el rechazo. Sin mucho que agregar, el rechazo. Y otra vez, un presidente democrático que se imagina, no lo es, pero se imagina por encima de «un juez de concursos», y califica a los que marchan como «confundidos», y anticipa que esto no tiene retorno, que si no le dan la razón no tiene retorno. Y no queda un sólo metro para la ilusión pacífica. Ni un sólo centimetro para la racionalidad. Ni un sólo resquicio para el sentido común.

Argentina no es un país normal, está claro. Nadie explica porque somos como somos, pudiendo ser mucho mejores. Nadie se detiene nunca a pensar en lo que podemos ser, y nos ensañamos en vivir de lo malo que fuimos. Y en lugar de aprender de los errores del pasado, seguimos discutiendo aquellos hechos que nos trajeron hasta este desastre de desigualdad, en lugar de proponer al menos una maqueta del «sueño argentino».

Vicentín, esa entelequia que mezcla 90 años de producción nacional, empleo genuino, desarrollo y a la vez, un empresariado poco claro, con cuentas poco claras y abusos manifiestos de los recursos públicos, es ( o era, hasta hoy) una buena sala de ensayos para el país posible. La necedad, la estupidez, la ambición innoble y la cultura anómica de nuestros propios dirigentes, pone todo al borde del naufragio. No saben o no quieren saber. Los confundidos parecen confundirse adrede. Y leemos la Constitución nacional con la misma parcialidad con la que interpretamos el VAR: Es off side o no, si nos conviene. Y desde esa parcialidad constante, que hacemos ley y bandera, no hay camino alguno que nos conduzca a ningún lugar.

LAS PARCIALIDADES ETERNAS

La solución al conflicto pacífica al «conflicto» Vicentín, sólo sería posible en otro país, no en Argentina. O sea, no hay forma de que el asunto termine bien, en la medida en que todos los actores sigan comportándose como argentinos. Es decir, mientras sigan jugando a torcer las reglas de juego, mientras los empresarios se sigan aprovechando de los beneficios del crédito público, y mientras los funcionarios persigan objetivos distintos a los que anuncian cuando dan el golpe sobre la mesa.

Desde que el gobierno nacional anunció la intervención, todos fueron modificando la reglas, corriendo las líneas de cal, cambiando sus discursos y acomodando sus intenciones. Ni el gobierno es claro en sus objetivos, ni los empresarios persiguen lo que declaran en las mesas de negociación. Al menos en las públicas.

Todo empezó con el argumento de la «Soberanía alimentaria». Un asunto que se fue desvaneciendo con los minutos. Vicentín no es precisamente la empresa testigo que pueda garantizar los precios internos, ni la distribución equitativa de la alimentación nacional. El primer argumento se le diluyó como un helado en diciembre al presidente. Tan así que nunca más se escuchó hablar de aquel primer argumento. Que no era cualquiera, era el principal argumento.

Los sectores «Populistas» del peronismo – el ala más dura del Kirchnerismo duro- toman esta bandera como sagrada. Nadie sabe mucho del asunto. Pero instalan la idea de que se trata de un acto de justicia. Y la justicia pasa por los tribunales, sino no es justicia. Y la justicia es un hecho pacificador, no un ajuste de cuentas. Y la justicia, si queremos ser un país, es institucional, nunca por la fuerza.

La decisión de intervenir la empresa es inconstitucional, y acá no hay interpretación que valga: El Estado puede intervenir una empresa, si en el camino a la expropiación- por ley- declara de utilidad pública a la empresa, le paga la indemnización y procede a tomar legalmente el control de la misma. Legalmente significa literalmente eso: a través de lo que indica la ley. No hay texto de la democracia que lo avale, ni resulta ser un mecanismo sencillo. Mucho menos, si la empresa está ya bajo la órbita de la intervención judicial, a través de otra ley, que es la los concursos y quiebras.

Entonces apareció el asunto de la «urgencia». Y la urgencia, según dicen, es el temor de que en medio del proceso, los empresarios apuren la quiebra y la desguacen. Algunos dicen que el apuro nació porque quién estaba agazapado para quedarse con los restos de la empresa era José Luis Manzano, un apadrinado del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y que la vicepresidenta no quiere que eso ocurra. Otros, el presidente en la pública, dice que se trata de evitar que la empresa termine en manos de competidores extranjeros y que el país se quede sin herramientas para intervenir en el principal mercado de ingresos de dólares que tiene Argentina. Otros, dicen que la recuperación de la empresa a cargo de los actuales dueños con nuevos socios que la capitalien – Molinos Rio de la Plata, por citar uno de los rumores- implicaría al impunidad para los que vaciaron la empresa y mandaron la plata al exterior.

Puede haber más motivos, claro. Pero no están sobre la mesa y lo único que al final terminamos discutiendo, como casi todo en este país, es la presunta ubicación ideológica de los actores a los que se empecinan en definir, según la conveniencia, en buenos y patriotas ó malos y cipayos. O desde otra definición más política: entre los defensores del derecho a la propiedad privada y la ley; y los Chavistas que quieren arrasar con todo, para condicionar de aquí en más a la actividad privada.

No me consta que la sociedad se divida de esa manera, aunque claro, hay especímenes que representan a ambas lineas, no quedan dudas. Pero la mayoría de este país no piensa en esos términos. Eso si, al final terminamos contra la pared obligados a elegir, entre unos y otros. Y es nuestra responsabilidad aceptar el juego.

El problema central es el desapego a la ley, de todos.

Este asunto no estaría en discusión si Vicentín no hubiera administrado su empresa como la administró en los últimos años, y si en ese desmanejo no hubieran dejado un tendal de acreedores. La mayoría de ellos, productores. Y si no hubieran recibido el auxilio de la Banca pública, siendo este el único elemento de legitimación real que puede esgrimir el estado para intervenir en el asunto.

Otro asunto, el que más riesgos conlleva, es que el 40% de la deuda es con la banca extranjera. Que unida, puede reclamar la quiebra y la disolución de la empresa, en el caso de que el concurso fracase.

¿Hay alguna solución no traumática? Si, claro. Que se siga con el concurso, que en el medio de la negociación en sede judicial se proponga una salida para la empresa para que pueda pagar sus deudas, y que en esa salida se incorporen nuevos socios nacionales- cooperativas agrícolas, por ejemplo- que le den una nueva matriz a la empresa. ¿ Debe participar el Estado? No lo sabemos en realidad. Puede hacerlo como no. No es función del estado hacerse cargo de una empresa. Si, en cambio, debe regular y garantizar las reglas más claras y convenientes del negocio, protegiendo los intereses de los productores argentinos y del propio estado.

¿Cómo se hace eso, sin intervenir Vicentín? Pues haciendo lo que hacen muchos países del mundo: constituyendo un organismo público que lo regule- La reedición de la Junta Nacional de granos, por ejemplo. Y si se quiere «competir» desde la legitimidad de lo público, por qué no creando una empresa exportadora pública, que sea lo suficientemente tentadora para que los productores confien en ella, la elijan y exporten a través de ella.

Puertos públicos hay, claro. Se trata de proyectarlo e invertir.

La extranjerización del mercado argentino de granos no nació con Macri, ni su desastrosa gestión: la cosa empezó con el menemismo y Cavallo destruyendo al organismo de control, y continuó con todos los gobiernos, alimentando desde la pasividad, la concentración de las exportaciones en manos de los grupos privados extranjeros.

Que Vicentín le deba al Banco Nación casi 20 mil millones de pesos, no es un asunto exclusivo del macrismo, aunque al macrismo le cabe la sospecha penal por haber financiado su campaña electoral mientras la empresa recibía fondos públicos. Ahí no hay mucho secreto: el Banco le daba a Vicentín, y Vicentín le daba plata al PRO para las campañas. Tan giles no somos: No sólo dá para sospechar, sino que implica un acto de inmoralidad que no admite el más mínimo análisis.

LO QUE SE DEBE HACER, PERO LA «ARGENTINIDAD» LO IMPIDE.

Si los actores de esta historia, persiguieran el «bien común», no hay ninguna explicación para que no admitan que la ley, esa cosa molesta, tiene las reglas escritas:

VICENTÍN debe ir si o si al Congreso de la Nación, si lo que se pretende es su «nacionalización». Sus empresarios deben ser investigados y de probarse sus delitos, ser condenados.

Todo lo demás, sin excepción, implica un deterioro progresivo del estado de situación que pondrá el asunto bajo el cono de sospecha permanente. Bajo el juego de las interpretaciones y las confusiones. Y bajo la duda eterna, de que quienes participan del espectáculo, persiguen negocios personales.

Así como están las cosas, la intervención con veedores nacionales o provinciales, terminará en una búsqueda forzosa de la quiebra, por parte de los dueños de la empresa. Los acreedores interesados en la quiebra formarán parte de ese plan, claro. Y los productores medianos irán a la cola, y se pasarán diez años esperando que les paguen, con las quitas que se les antoje, y los efectos serán, devastadores.

El gobierno debió fundar sus objetivos antes de mandar a ejecutar la intervención. Debió mandar la ley al Congreso antes que nada, y promover una salida sin máculas institucionales. Lo que hizo no tiene ningún sentido, salvo la búsqueda de un conflicto. El mismo conflicto que puso en vilo al país en 2008.

Lo que puede pasar de aquí en más, es tan o más grave que lo que sucedió con la 125: El enfrentamiento, el uso de la empresa como escudo, un festival de acciones judiciales y el serio riesgo de que los acreedores nacionales- especialmente lo productores- no cobren nunca más, o cobren en condiciones de lis licuación. Lo que puede pasar, es que los propios dueños usen los pocos derechos que le quedan a salvo como dueños, y agudicen el conflicto al punto de forzar la quiebra, y dejar en la calle a los 7 mil trabajadores.

Y la política, una vez más, en esa inmadurez mezclada con la inmoralidad de algunos dirigentes, habrá fracasado. Y le habrá dado nuevos y renovados motivos a la sociedad para seguir desconfiando de ella, un poco más.

Y encima, la JUSTICIA. Esa que ya no tiene ni vendas, y ni siquiera garantiza el respeto por la ley. La sospecha de las decisiones judiciales, sobre todo atendiendo al poder económico y de presión de todos los jugadores.

Una vez más Argentina y sus dirigentes, se esmeran en mostrar cómo no se hacen las cosas. O digamoslo más claro: cómo se hacen mal las cosas, para obtener los mismos resultados: la división estúpida y el agravamiento de nuestras condiciones. Muy malas ya. Mucho peores.