El próximo 29 de noviembre, el Fiscal Ezequiel Hernández le informará a Marcelo Sain y a sus colaboradores, los otros delitos por los que serán enjuiciados. Ya tienen una causa en marcha por intento de estafa al estado santafesino, ahora los imputarán por espionaje y falsedad ideológica. Una de las imputadas será Nadia Schujman, reconocida abogada y militante de organizaciones de DDHH. La rosarina salió a defenderse en algunos medios y asegura ser víctima de una persecución. Sin embargo, algunos audios filtrados por los querellantes demuestran todo lo contrario: En esta nota, confiesa haber convocado al destituido fiscal Ponce Asahad, para que cumpla con la persecución de tres personas. Además, dice que Saín los mandó a «hacerlos mierda», por tener vínculos con un Policía.

Los días se hacen cada vez más cortos para los ex integrantes del ministerio de seguridad que encabezó Marcelo Saín durante la primera etapa de la gestión de Omar Perotti. Las causas que investigan sus presuntas irregularidades y comisión de delitos avanzan sin prisa, pero sin ninguna pausa.

Los querellantes se van sumando a medida que van apareciendo evidencias de haber sido víctimas de lo que ingenuamente denominan «un perfilamiento» ilegal desde el Estado, y la filtración de nuevos audios, van dejando en claro cuáles fueron los mecanismos que se siguieron para concretarlos.

En estas horas, y como reacción a su defensa pública, uno de los querellantes presentados ante la fiscalía, decidió hacer públicos dos audios (son más, pero los demás no son «emitibles» por tener elementos que ventilan aspectos de la vida privada, que no tienen relevancia pública) en los que se confiesan «modus» claramente irregulares, y una vinculación entre los funcionarios políticos con el MPA, que viola la división de poderes y abusa de los vínculos que legalmente pueden sostener.

La protagonista, una vez más, es la abogada Nadia Schujman, conocida hasta hace poco tiempo exclusivamente por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, y en algunas causas en los que generalmente, hay policías imputados. A la mujer se la escucha recibir con alegría la orden de Marcelo Saín para «hacer mierda» a personas que todavía no pasaron por ninguna instancia judicial. En el audio, dirigido al ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez, se regodea por haber llamado al fiscal Gustavo Ponce Asahad – a la postre, corrupto y destituido- para «decirle que quería la causa».

Más adelante la exfuncionaria, festeja que van a «ser auxiliares» de un fiscal al que confiesa haberle pedido que intervenga, salteando turnos y sorteos.

Paradojas: Schujman, ha hecho de su vida pública una bandera de defensa de los derechos individuales y siempre abogó por las condiciones de igualdad frente a la ley de todos los ciudadanos. Sin embargo, en los audios parece «celebrar» la utilización ilegal de los recursos del estado, en favor de perjudicar a personas que no fueron detectados en ocasión de cometer delitos, sino que son víctimas – vale el término- de maniobras ilícitas de funcionarios del Poder Ejecutivo, en connivencia con un miembro del Poder Judicial.

La militante entierra con sus acciones a la profesional que persigue justicia. Parece increíble que Shujman insista con el cansador relato del «lawfare» y el «disciplinamiento que le imponen» los sectores «del poder». Al igual que en la causa Casco, donde se vienen ventilando manipulaciones de testimonios, lo que va quedando en evidencia es la utilización tramposa del estado, falseando causas y comprometiendo a gente- inocente o no- que tienen derecho ser perseguidos a través de un proceso libre y equilibrado.

«Hacer mierda» a un investigado, es la acción de un victimario violento, no de un militante de los DDHH. Y en manos de una funcionaria del Estado, es abuso de poder. ¿No es contra lo que vino, supuestamente, combatiendo la abogada durante todos estos años?

Schujmann, al igual que Puyol en el caso del invento del nacimiento de dos niños involucrando falsamente al hermano de Hermes Binner, al igual que Hebe de Bonafini en el desfalco cometido junto a Sergio Schocklender, al igual que a miles de personas que sufrieron las consecuencias directas o indirectas del terrorismo de Estado, les cabe la misma ley.

Si fueron victimas, no tienen ningún derecho a ser victimarios. Y si lo son, deben rendir cuenas.

La condición de víctima, no los exime de la obligación de rendir cuentas por los delitos que cometen.

A Saín y su equipo, del mismo modo que a la abogada de DDHH no se los persigue por combatir al delito. Se los persigue por cometer delitos, inventando delitos. El relato de Schujman parece dividir entre victimas buenas y malas, y entre victimarios justos e injustos. Y tal vez omite reconocer lo que está a la luz: ella puede ser ambas cosas y en tal caso, debe aceptar el doble rostro. Y los tiene.